En momentos en que la derecha vive una crisis interna y aumentan las divisiones y conflictos en sus filas, vale la pena hacer un recuerdo de la historia reciente de nuestras autoridades regionales, particularmente del intendente Edgar Blanco, figura icónica de la violenta represión a la manifestación ciudadana pacífica tras el Estallido Social; maltrato a medios de comunicación; y, ahora último, férreo opositor al retiro del 10% de nuestros fondos de AFP, reflejo obediente del torpe manejo social del gobierno de Piñera. ¿Qué piensa Blanco? ¿Qué opina el entorno político sobre él? ¿Cuál será su legado? Aquí planteamos algunas aproximaciones.
Es comentario de pasillo que Blanco (RN) había sido sondeado para ser intendente en la primera instalación del gobierno, pero finalmente fue nombrado seremi de Obras Públicas, donde se desplegó con su perfil “técnico” como ingeniero civil industrial. Sin experiencia alguna en el servicio público, su coalición lo evaluó positivamente por su despliegue en la emergencia climática estival de 2019 en El Loa.
Como seremi su primera polémica obedece al despido de 20 funcionarios de Obras Públicas, catalogado como de carácter político, quienes habrían sido presionados para firmar una renuncia voluntaria, situación denunciada públicamente por la ANEF. La inexperiencia volvería a quedar evidenciada con una denuncia realizada a Contraloría, respecto a una coordinación de aportes privados que habría hecho como titular de Obras Públicas para financiar un suplemento de Ediciones Especiales de El Mercurio. Ya en aquella época trascendían las ganas de Blanco de aspirar a un cargo de elección popular, particularmente el de diputado.
En esa época su conflicto más costoso tiene que ver con la paralización del proyecto de doble vía para la autopista que une a Carmen Alto con Calama, iniciativa que lo enfrentó con los habitantes de Sierra Gorda al no considerar un estudio o declaración de impacto ambiental, ni participación ciudadana. El tramo, que debió haber estado operativo en 2017, sumó otro retraso con su judicialización. En diciembre de 2019 la Corte Suprema respaldó la sentencia del Primer Tribunal Ambiental, con un fallo que ordenó tramitar la nulidad interpuesta por los vecinos. Se espera el inicio de obras para el segundo semestre de este año.
Tras la renuncia de Marco Antonio Díaz, al inicio del Estallido Social, una serie de autoridades de gobierno utilizaron una casa fiscal del Serviu para celebrar el cumpleaños de Rodrigo Saavedra, director regional de la cartera. Uno de ellos fue Edgar Blanco, que entre la música y las luces de la polémica celebración, participó lanzando a Saavedra a la piscina del inmueble.
Protegido por la diputada Paulina Núñez, y luego de la indolente violencia policial contra las movilizaciones ciudadanas y medios de comunicación, el movimiento social pidió reiteradamente la salida de Blanco, mientras que dentro de Chile Vamos comenzaba su propia telenovela: el concejal Roberto Soto (UDI) y Marcela Ruz (Partido Republicano), interpusieron un recurso de protección en contra de Blanco y la desaparecida gobernadora, Katherine López (UDI), acusando falta de control del orden público. Ello fue respaldado por el ex intendente Pablo Toloza, y el consejero regional, Dagoberto Tillería, ambos UDI, mientras que el presidente regional de la tienda, Diego Fernández, defendió al intendente.
Sin embargo, a fines de junio sería el mismo Fernández quien en una funa congeló las relaciones del partido con Blanco, acusándolo de ser un operador político de Paulina Núñez y de perseguir a los militantes de la UDI, anunciando además su determinación de llevar candidato propio a las elecciones de gobernador regional.
Su actuación durante la emergencia por Covid-19 tampoco ha sido bien evaluada. Las autoridades de todo el espectro acusaron que el primer período de cuarentena total para la región de Antofagasta llegó demasiado tarde, solo en Antofagasta y Mejillones, y excluyendo a Calama -comuna que saturó su sistema de salud– y a María Elena, que hasta hoy no ha sido considerada pese a sus altos índices.
La propia Asociación de Municipalidades de la Región de Antofagasta (AMRA) quebró relaciones con el intendente. Los alcaldes oficiaron a La Moneda, acusándolo de sostener un trato despectivo e indiferente durante el manejo de la emergencia sanitaria. La guinda de la torta es que Blanco ha declarado en varias oportunidades que no le corresponde determinar la disposición de cuarentena. ¿Para qué está entonces? ¿Qué hace Blanco además de perseguir a sus disidentes?
Tampoco es mejor su relación con el CORE, que en marzo aprobó importantes recursos para enfrentar la pandemia, los cuales fueron invertidos de manera tardía y burocrática. ¿Qué ha hecho Blanco además de despedir a la periodista del organismo y dejarlo sin voz?
El último episodio que complica al intendente dice relación con la elección del alcalde suplente de Antofagasta, Ignacio Pozo (PR), por parte del Concejo Municipal, quien contó con los votos de los concejales RN Félix Acori y Luis Aguilera para su elección, en desmedro del candidato de la UDI Gonzalo Santolaya. Esto motivó una dura respuesta de la UDI, tienda que emplazó a Edgar Blanco a tomar medidas contra Aguilera, quien está contratado como asesor por el Gobierno Regional.
Mientras esto ocurre, la UDI habla de un quiebre total en la región e insiste en la salida de Edgar Blanco. ¿Qué futuro le depara al actual intendente? ¿Podrá salvarlo su madrina política Paulina Núñez? Habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos días, aunque claramente estos son los últimos meses de un cargo que a partir de abril de 2021 pasará a ser de elección popular y comenzará a denominarse Gobernador Regional.
Redacción