El velero blanco y su sombra negra: El paso de la Esmeralda por Antofagasta y la memoria oculta de la tortura en el mar

Durante el fin de semana de Fiestas Patrias, decenas de registros captaron la majestuosidad de la embarcación frente al litoral antofagastino. Sin embargo, detrás del espectáculo marítimo subyace una historia documentada por organismos internacionales y nacionales, demás de diversos testimonios: su uso como cámara flotante de reclusión y tortura durante las primeras semanas de la dictadura cívico-militar de Pinochet.

El horizonte de Antofagasta ofreció una postal singular durante este fin de semana largo. Con motivo de las celebraciones de Fiestas Patrias, el Buque Escuela Esmeralda de la Armada de Chile navegó frente a las costas de la ciudad, desplegando sus características velas. Desde balcones de edificios y el borde costero, decenas o quizás cientos de personas registraron en fotos y videos el avance de la llamada «Dama Blanca».

Sin embargo, entre el asombro paisajístico y el registro cotidiano de los celulares, el paso de la nave volvió a evidenciar una amnesia colectiva recurrente: la omisión casi absoluta en los medios de comunicación y en redes sociales del papel que jugó este mismo navío como centro de detención y tortura tras el golpe de Estado de 1973.

La verdad judicial e histórica: Una prisión flotante

Lejos de la figura de embajada flotante con la que tradicionalmente se le promociona, los registros históricos y judiciales describen una faceta siniestra. De acuerdo con antecedentes documentados en el portal Memoria Viva, tras el 11 de septiembre de 1973 la Armada convirtió a Valparaíso en una red de recintos de detención que incluyó a los buques mercantes Lebu y Maipo, pero también a su barco más emblemático: la Esmeralda.

El uso de la nave como centro represivo no responde a interpretaciones subjetivas. Ha sido fehacientemente acreditado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA en 1974, Amnistía Internacional en 1980, el Senado de los Estados Unidos mediante resolución en 1986 y, en el plano local, por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig) y la a Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech).

Los informes oficiales chilenos comprobaron que una unidad especializada de la Armada se instaló en el interior de la Esmeralda para interrogar a detenidos propios y a aquellos trasladados desde otras dependencias navales. Las investigaciones de la Comisión Rettig constataron que, por regla general, dichos interrogatorios incluían torturas y malos tratos sistemáticos.

Por sus dependencias deambularon, según estimaciones de agrupaciones de derechos humanos, alrededor de 500 personas en tránsito carcelario. La evidencia recopilada da cuenta además de que al menos 40 mujeres estuvieron confinadas en su interior, sufriendo golpizas, vejaciones sexuales y apremios ilegítimos. Entre los testimonios figuran los del exalcalde de Valparaíso Sergio Vuscovic, el abogado Luis Vega y el exfuncionario de Indap Claudio Correa. Recién el año 2004, a regañadientes, La Armada reconoció estos hechos y confirmó que su emblemática embarcación fue un centro de detención y tortura.

El crimen del padre Miguel Woodward

La huella más dramática y documentada a bordo de la Esmeralda lleva el nombre de Miguel Woodward Iribarri, sacerdote católico chileno-británico y militante social de los sectores vulnerables de Valparaíso.

El caso -incorporado tanto en el Informe Rettig como en las investigaciones que instruyó el juez español Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional de España- demuestra que Woodward fue llevado al velero tras permanecer en el buque Lebu. Al interior de la Esmeralda, el religioso fue sometido a golpizas incesantes que le provocaron graves lesiones internas.

En condición moribunda y tras la advertencia médica de que le restaban horas de vida, el sacerdote fue derivado de urgencia hacia el Hospital Naval el 22 de septiembre de 1973, falleciendo a consecuencia de las torturas. Para ocultar el crimen, la Armada sepultó su cuerpo en una fosa común del Cementerio de Playa Ancha e hizo llegar a su familia un certificado de defunción que atribuía su deceso a un paro cardíaco, verdad falseada que solo comenzó a desmoronarse en 1975 mediante publicaciones de la prensa británica. Hasta el día de hoy, sus restos continúan desaparecidos.

Por Fernando San Román

Comunicador social, activista por la diversidad sexual y político. Fue director de Regionalista.cl entre 2018 y 2023. Ex alcalde de Tocopilla entre 2012 y 2016. Entre 2003 y 2009 fue director y editor de los medios de comunicación El Polémico de Tocopilla, El Zorro Polémico de Calama y La Alternativa de Antofagasta. El 2009 dirigió la radio Nuevo Mundo en Tocopilla. Actualmente es estudiante de Administración Pública y funcionario público.