«Unidad Social Antofagasta» pide la salida del Intendente y critica duramente a alcaldesa Karen Rojo

Por Redacción Mar 3, 2020

La Mesa de Unidad Social de Antofagasta condenó enérgicamente la fuerte represión que se vivió el día de ayer en nuestra región y emplazó al Intendente Edgar Blanco y a Carabineros por la «violencia estatal» durante las masivas movilizaciones que se vivieron este lunes 2 de marzo.

La organización, que agrupa a diversas organizaciones sociales, pidió la salida del Jefe Regional y condenó también las declaraciones de la alcaldesa Karen Rojo, a quien acusan de mentir descaradamente a través de los medios de comunicación nacionales.

A continuación el comunicado en extenso:

Comunicado

Antofagasta, 3 de marzo de 2021

Ante la violenta represión policial perpetrada en la Región de Antofagasta el 2 de marzo, como Unidad Social Antofagasta, que agrupa a distintas organizaciones sociales, manifestamos lo siguiente:

· Condenamos de manera enérgica la respuesta del Gobierno y Carabineros de Chile ante el esperable regreso de la protesta social el día de ayer, observando una violencia estatal salvaje, coordinada en todo el país contra estudiantes y la ciudadanía en general.

· Como resultado de la jornada en la región lamentamos como casos de mayor gravedad un joven de Mejillones, que cursa cuarto año medio, con trauma ocular en su ojo izquierdo, producto del impacto de un perdigón, debiendo ser trasladado anoche a Antofagasta. En la misma comuna hay un estudiante de 16 años con una herida grave en su boca, provocada por otro impacto de perdigón, debiendo lamentar pérdida de piezas dentales.

· En Antofagasta hubo represión desde temprano en el área aledaña al Liceo La Chimba, con detenciones violentas, y gaseado con lacrimógenas. En el sector Bonilla, al menos tres personas resultaron con heridas graves con perdigones –entre muchos otros heridos-, destacando el caso de una joven de 17 años que recibió un perdigón en su ojo, y un niño de cuarto básico con un impacto de proyectil en su cabeza.

· A lo anterior se suma la represión en Calama a estudiantes del Liceo B-10y otros establecimientos educacionales, con la detención ilegal y con violencia desproporcionada de un reconocido reportero gráfico, atentando contra sus garantías constitucionales.

· No olvidamos a la joven que recibió un impacto de bala el sábado pasado, quien hasta anoche se encontraba internada en un establecimiento privado de salud, así como la persecución sistemática por parte de Carabineros a las poblaciones que han demostrado mayor combatividad contra el gobierno violador de Derechos Humanos, denunciado internacionalmente por todos los organismos pertinentes.

· Condenamos enérgicamente al intendente, Edgar Blanco, como responsable directo de las graves agresiones sufridas por manifestantes, así como del hostigamiento a la ciudadanía organizada y la criminalización de la protesta social durante más de 4 meses. En tal sentido reiteramos la imperiosa necesidad de su salida. Repudiamos además las declaraciones de la alcaldesa Karen Rojo, formalizada por Fraude al Fisco, quien utiliza sus últimas declaraciones en la prensa nacional para mentir descaradamente y representar a Antofagasta como una zona de guerra en orden a aumentar la persecución política contra la gente común. Con la intencionalidad de estas “autoridades” reconocemos en la derecha política un decidido ánimo de intensificar la violencia para hacer fracasar el plebiscito del 26 de abril, particularmente en la previa de cara al 8 de marzo y el actual calendario de movilizaciones.

· Cómo Comando por la opción “Apruebo” a una Nueva Constitución, sabemos que -con todas sus deficiencias y trampas de las cúpulas políticas- el Proceso Constituyente en marcha es la única opción que nos queda para una salida pacífica desde el Estallido Social, rumbo a la construcción de un país más justo. Para ello contamos con la urgente necesidad no sólo de conquistar la opción “Apruebo”, sino también de alcanzar la denominada Convención Constitucional, constituida en un 100% por la ciudadanía. Es sorteando estas barreras, definidas por el denominado Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, que consideramos la ciudadanía debe enfocarse, intensificando la movilización y aspirando a lograr un juicio y castigo a todos los responsables de la violación sistemática a los Derechos Humanos.

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