Por Fernando San Román 
Este reportaje podría haber sido una copia exacta del artículo que publicamos el año pasado al cumplirse 4 años del estallido social y casi no se habría notado la diferencia. Es que al conmemorarse el quinto aniversario de las masivas protestas que sacudieron a Chile y a nuestra región, no ha habido ningún avance significativo en las causas que lleva adelante la fiscalía por violaciones a los derechos humanos y delitos cometidos por agentes del estado, principalmente Carabineros, durante la revuelta social.
Lo anterior, en total contraste con los casos que involucran a personas a las que se le imputaron diversos delitos en el marco de protestas y otros hechos en el contexto del estallido social, donde la fiscalía sí actuó con agilidad, logrando extensas prisiones preventivas y numerosas condenas, quedando en evidencia el sesgo y la negligencia del Ministerio Público en el cumplimiento de sus funciones.
A través de una solicitud vía Ley de Transparencia, Diario Regionalista obtuvo las estadísticas de agentes del Estado imputados en el marco de las movilizaciones sociales ocurridas desde que comenzó el estallido social en octubre de 2019 y hasta el 19 de octubre de 2020 en la región de Antofagasta.
La información entregada por la fiscalía regional da cuenta de 906 casos en ese periodo, de los cuales solo 12 se encuentran con formalización, es decir apenas un 1,3% de las indagatorias. El año pasado las formalizaciones eran 8. Es decir, en el último año solo se realizaron 4 nuevos procedimientos.
Una información similar -en relación al escaso avance de las causas- maneja la sede regional Antofagasta del Instituto Nacional de Derechos Humanos. En respuesta a las consultas realizadas por nuestro medio, su director regional, Paulo Palma, confirmó que el organismo que dirige presentó 123 acciones penales por delitos de apremios ilegítimos, torturas, violencia innecesaria y 1 homicidio simple.
«De estas acciones interpuestas, tenemos 16 con decisión de no perseverar, 16 causas agrupadas y una sentencia absolutoria. Actualmente mantenemos 90 causas vigentes, de ellas 3 formalizadas; 3 con fecha de audiencia para formalizar, 60 audiencias en las que se ha discutido decisión de no perseverar y 7 audiencias próximas para su discusión», indicó.
Paulo Palma reconoce la lentitud en el avance de las investigaciones, lo que atribuye a la «falta de fiscales suficientes, falta de capacitaciones en investigación de delitos de lesa humanidad (estándares), falta de funcionarios policiales que realicen la investigación (PDI y Carabineros), falta de profesionales de salud en el Servicio Médico Legal. En general, falta de recursos humanos y técnicos».
También precisa que un punto importante que ha dado curso a la decisión de no perseverar por parte de la fiscalía, es la la imposibilidad de identificar a los funcionarios policiales que tuvieron participación en algún hecho, ya sea por falta de identificación del rostro o porque la víctima no es capaz de reconocer a su agresor o en algunos casos las personas se desisten de continuar o no declaran ni aportan medios probatorios.
Finalmente, el director regional del INDH, Paulo Palma, es claro en señalar que no considera que haya un sesgo por parte de la fiscalía.
Una visión diferente es la que manifiesta el abogado Daniel Vargas, quien fue parte de la Comisión de Derechos Humanos del Comité de Emergencia y Resguardo y también de la Defensoría Popular. En opinión del profesional, la labor de la fiscalía fue la de «reprimir a quienes estuvieron manifestándose en las calles, buscando amedrentar a los detenidos con montajes, detenciones ilegales y arbitrarias, penas durísimas y altas que se hacían carne con las declaraciones de prisión preventiva».
En contraste, el abogado recuerda que «hay cientos, sino miles de casos de víctimas de la represión, muchos de los cuales nunca fueron denunciados, registrados o catastrados, detenciones ilegales y arbitrarias y otros tantos que iniciaron un proceso penal formal y que tienen sus causas archivadas o estancadas por inacción de la fiscalía».
Este duro análisis es compartido por Felipe Rodríguez, presidente de la Agrupación por la Memoria Histórica Providencia de Antofagasta, quien considera que «claramente existe un sesgo en Fiscalía, y no solo en ella, si no en el aparato estatal en su conjunto».
«Ese sesgo tiene carácter clasista, o sea no es casualidad que los compañeros presos políticos fueran en su totalidad de los sectores más estigmatizados de la ciudad. Fue la juventud popular la que fue víctima de la prisión política y de condenas excesivas y altas. Durante dicho periodo se confirma una vez más que la cárcel y la persecución es para los pobres, sobre todo para aquellos que tuvieron la valentía de organizarse y resistir frente a la violencia policial», agrega.
Rodríguez sostiene que «la impunidad del pasado perpetúa la impunidad del presente» y que «es casi una política de Estado, mantenida por todos los gobiernos a la fecha».
Diario Regionalista hizo llegar diversas consultas al fiscal regional, Juan Castro Bekios, en relación a estos hechos. Sin embargo, desde la fiscalía indicaron que no iban a responder estas inquietudes y que no harían comentarios.
