Por Redacción 
El 7° Juzgado de Garantía de Santiago no solo dictó el sobreseimiento definitivo del gobernador de la RM en el caso ProCultura, sino que aplicó una inédita sanción económica personal contra el persecutor jefe de Antofagasta. La resolución se suma a la reciente paliza judicial que sufrió ante la Corte Suprema por las escuchas ilegales en la misma causa.
Un verdadero remezón judicial y administrativo sacude por estas horas a la Fiscalía Regional de Antofagasta. El 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó este martes el sobreseimiento definitivo del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en la arista del caso ProCultura que era liderada por el Ministerio Público de la capital de nuestra región.
La resolución del tribunal —que se dio luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara de forma unánime el desafuero de la autoridad metropolitana— escaló a un nivel inédito de reproche hacia la conducción de la causa, apuntando directamente y de forma personalizada a los errores del fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.
El fallo judicial no solo sepultó las pretensiones de la Fiscalía, sino que incluyó una drástica condena al pago de las costas del proceso en contra de la institución y, de manera particular, en contra de la máxima autoridad penal de Antofagasta. De esta manera, el fiscal Juan Castro deberá pagar «de su bolsillo» este costo.
El abogado defensor de Orrego, Ciro Colombara, valoró el dictamen y no guardó adjetivos para detallar la severa amonestación económica y técnica aplicada al persecutor regional. “Fue condenado en costas de manera personal el fiscal regional Juan Castro Bekios por grave negligencia en el desempeño de sus funciones y notorio desconocimiento del derecho en la conducción de la investigación”, afirmó Colombara.
En esa misma línea, el jurista agregó que las sanciones también alcanzaron a la orgánica central: “Fue condenado en costas el Ministerio Público institucionalmente por todas sus actuaciones gravemente erróneas durante la investigación”.
Respecto al fondo del caso, el cual indagaba la transferencia de $1.600 millones desde el GORE Metropolitano a ProCultura para el programa de prevención del suicidio «Quédate», la defensa enfatizó el fracaso de la tesis de la Fiscalía de Antofagasta. “Finalmente, el gobernador Claudio Orrego fue sobreseído definitivamente por no ser los hechos constitutivos de delito y por haber acreditado su inocencia de manera clara y absoluta”, manifestó el abogado.
Una cadena de reproches contra la gestión de Juan Castro
Esta severa amonestación del Juzgado de Garantía de Santiago no constituye un hecho aislado ni el primer cuestionamiento público hacia Juan Castro Bekios en el marco del caso ProCultura.
Recientemente, el fiscal regional sufrió otro duro revés judicial cuando la Corte Suprema ratificó de forma inapelable la ilegalidad de las interceptaciones telefónicas practicadas a la psiquiatra Josefina Huneeus Lagos. En dicha oportunidad, el máximo tribunal del país desnudó las graves deficiencias metodológicas y la falta de prolijidad en el estándar persecutorio de la fiscalía antofagastina, ordenando eliminar toda la evidencia obtenida mediante los «pinchazos».
En aquella sentencia, el máximo tribunal recordó con firmeza que “el legislador exige un alto estándar de exigencias que deben cumplirse tanto por la fiscalía -para solicitarlas- como de motivación por el juez al dictar la resolución que las dispone”.
Al igual que en el reciente sobreseimiento de Orrego, los ministros de la Corte Suprema apuntaron a un actuar defectuoso y fuera de norma, señalando que los procedimientos del Ministerio Público “no cumplieron dichos estándares», agregando que «de ello sigue que las resoluciones impugnadas en la acción constitucional impetrada devienen en ilegales, así como la ejecución de las medidas decretadas, y no pueden servir de sustento para una persecución penal en contra de la amparada, transformándose en consecuencia en una amenaza para su libertad personal”.
«Se terminaron las mentiras»
Tras el dictamen que sepultó la causa en su contra, el gobernador Claudio Orrego emitió una declaración pública en video donde arremetió contra la debilitada investigación penal de la Fiscalía de Antofagasta. “Hoy la justicia habló de manera clara y contundente. Se terminaron las mentiras y se ha impuesto la verdad. Lo dijimos desde el día uno. Nosotros fuimos víctimas de un delito no parte de él”, sostuvo.
La autoridad metropolitana lamentó los costos políticos del proceso llevado a cabo por Castro Bekios, añadiendo que “lamentablemente, algunos inescrupulosos decidieron sacar provecho político de esto y ensuciar el nombre del Gobierno de Santiago y también el de este gobernador”.
“A partir de ahora estaremos centrados en lo esencial, que es seguir recuperando la ciudad para las personas (…) Vamos a demostrar con hechos y con obras concretas que por donde pasa el Gobierno de Santiago la gente vive mejor y que si hay algún valor que nos inspira a quienes trabajamos en él, es la probidad, la transparencia y el espíritu de servicio público”, concluyó Orrego, cerrando un capítulo que deja a la Fiscalía Regional de Antofagasta bajo severos cuestionamientos sobre su competencia técnica, objetividad y respeto a las garantías constitucionales.
Consultados desde Diario Regionalista, desde la Fiscalía Regional de Antofagasta señalaron que no emitirán declaraciones.
Matias Recabarren