Por Eshiro1 
- Carlos Gajardo, exfiscal y autor del libro “Somos tontos hasta las 12”, aludió al aforismo, utilizado en derecho penal, “cuando el tiempo pasa, la verdad huye”.
- Exabogado procurador del Consejo de Defensa del Estado señaló que la causa no prescribiría, producto de una querella presentada en su minuto.
- Alberto Ayala, fiscal regional en el momento en que el ministerio público recibió la citada denuncia, no respondió a los llamados y mensajes, pese a nuestra insistencia. Consultas apuntaban a las potenciales diligencias u omisiones que hubieran prevalecido durante su mandato. Años atrás, este mismo persecutor estuvo en el ojo del huracán por el caso SQM y declaraciones desafortunadas, en el contexto de un caso de abuso sexual.
- Cabe destacar que, en 2024, cuatro años después de la denuncia, el ministerio público instruyó la incautación del teléfono del exintendente, Edgar Blanco (RN). Experto señaló que el tiempo transcurrido para encargar dicha acción fue “un exceso”.
5 años y sin formalizados, así llegó a agosto de 2025 el llamado caso “Empresas Exprés”, denuncia que los entonces concejales, Gonzalo Santolaya y Roberto Soto, plasmaron el año 2020 en el ministerio público regional, por los eventuales delitos de fraude al fisco y negociación incompatible, en las compras realizadas por parte del Gobierno Regional a empresas de reciente creación, con fondos destinados a la pandemia.
“La investigación se encuentra actualmente vigente y con diligencias encargadas a secciones especializadas de la Policía de Investigaciones de Chile, principalmente vinculadas al área contable y revisión de dispositivos y documentos. La causa se encuentra desformalizada”, manifestaron desde la fiscalía regional.
Recordemos que la presentación realizada solicitaba citar a declarar a diferentes autoridades del gobierno de Piñera en la región durante la época, como quien fuera Intendente de Antofagasta, Edgar Blanco, el Jefe de la División de Administración y Finanzas del Gobierno Regional de Antofagasta, Mauricio Muñoz, el director del Servicio de Salud de Antofagasta, Héctor Vallejos, además del empresario Pablo Ormeño y los representantes de dos de las compañías cuestionadas.
“Nos hemos enterado por la prensa regional y nacional, que la empresa Limpieza Industrial Chile SpA., creada solo días antes, y mediante cuatro contratos diferentes firmados todos el mismo día, convino con el Servicio de Salud Antofagasta la compra de 200.000 (doscientas mil) mascarillas quirúrgicas por un total de $ 166.362.000.- (ciento sesenta y seis millones trescientos sesenta y dos mil pesos), valor por cierto si la información de prensa es correcta, tendrían un precio unitario de $831,81, monto muy superior al mercado“, indica una parte de la denuncia presentada por Soto y Santolaya.
Los concejales en su oportunidad también hicieron alusión al caso de Servicios e Inversiones Fülle SPA, empresa que se creó solo dos días antes de que ingresara a la licitación y cinco días después de formada terminó firmando su primer contrato por $ 190.000.000 (ciento noventa millones de pesos). También se menciona a la empresa Ingeniería EDS JCM SpA, la cual amplió su giro el 3 de mayo de 2020, un día antes de que la División de Administración y Finanzas del Gobierno Regional de Antofagasta la invitara a participar –junto a otras tres empresas- de una licitación para comprar 40 mil canastas familiares, proceso que terminó adjudicándose por un valor de $1.665.524.000.
Los ediles además mencionaron el caso de la Empresa Need Solutions SpA, sociedad que se dedica a asesoría financiera, reestructuración de pasivos, refinanciamiento de deudas, la cual incluyó a su giro el día 4 de mayo de 2020 la “venta al por mayor de confites, huevos, lácteos, abarrotes y otros alimentos”, mismo día en que se le solicitó una cotización.
El teléfono de Blanco: 4 años después
El caso no ha pasado desapercibido en la opinión pública y recién el año pasado, por instrucción de la fiscalía regional, se incautó el teléfono de quien fuera el intendente de Antofagasta, Edgar Blanco.
“Los plazos de una investigación están regulados por ley y, en este caso concreto, la pesquisa se encuentra dentro de los plazos que la ley permite. Ahora, es importante señalar también que los plazos en que se desarrolla una investigación dependen de varios factores, como la complejidad del delito que se investiga, la existencia y disponibilidad de unidades policiales especializadas, las cargas de las mismas, la necesidad o no de diligencias o peritajes especiales, etc., por lo que no es posible comparar el tiempo que toma una, versus el que toma otra”, afirmaron desde la institución que hoy lidera Juan Castro Bekios.
En este sentido, desde el ministerio público resaltaron las diligencias encargadas por el actual jefe regional. “Al asumir en el cargo, el actual Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, instruyó la realización de un análisis para identificar aquellas investigaciones relacionadas con eventual corrupción que tenían tiempos de investigación más prolongados, y fue en ese contexto que esta investigación, y varias otras, por cierto, surgió como una de las que requería mayor atención. En esa línea, en septiembre del año pasado se realizaron diligencias de entrada, registro e incautación en oficinas públicas y domicilios particulares en Antofagasta y Santiago, lo que permitió recuperar elementos que actualmente se encuentran en análisis”, precisaron.
¿Prescripción?
Respecto a una potencial prescripción del caso, el exabogado procurador del Consejo de Defensa del Estado, Carlos Bonilla, afirmó que “hay una querella del Consejo con diligencias pendientes, por lo que no prescribe”.
Frente a este mismo punto, la fiscalía regional aseguró que el plazo de prescripción es de 10 años “por tratarse de un delito con pena de crimen”.
Experto
Para Carlos Gajardo, exfiscal y autor del libro “Somos tontos hasta las 12”, la incautación de un teléfono, después de 4 años, en el contexto de una denuncia de este tipo es “un exceso”.
Asimismo, el profesional indicó que “por supuesto una investigación compleja por un eventual delito de fraude al fisco exige que se hagan declaraciones, se tomen las declaraciones que correspondan, que se hagan incautaciones, allanamientos, en fin, en tiempo, ¿no? En el derecho penal se ocupa el aforismo que ‘cuando el tiempo pasa es la verdad la que huye’ y, por lo tanto, lo que uno esperaría ante una denuncia seria respecto de un delito grave es que las diligencias se hagan cuanto antes”.
Ayala, el ausente
Intentamos en reiteradas ocasiones obtener comunicación con Alberto Ayala, quien fuera fiscal regional de Antofagasta en el momento en que se recibió la citada denuncia.
Nuestras consultas apuntaban a las potenciales diligencias que hubiese encargado en aquella época y a saber ¿por qué, por ejemplo, no se instruyó el mismo año (2020) de la presentación de los antecedentes, la incautación del teléfono de Edgar Blanco?
Cabe destacar que años anteriores, Ayala ya se ha encontrado en el ojo del huracán. En 2015, el persecutor estuvo como imputado por la filtración de antecedentes del caso SQM, lo que habría beneficiado a políticos que eran investigados por corrupción. Específicamente, la filtración de antecedentes habría surgido desde el fiscal hacia La Moneda. Sin embargo, de manera poco transparente fue investigado por otro fiscal, quien decidió solicitar el sobreseimiento de la causa.
Otro lamentable episodio que involucra al Alberto Ayala ocurrió en junio de 2017 y dice relación con sus dichos sobre un caso de abuso sexual reiterado contra un menor de edad. Se trata de una docente de 27 años que mantuvo relaciones con su alumno de 13 años.
En la oportunidad, Ayala comparó el caso con el del Presidente de Francia, Emmanuel Macron y su esposa que es 24 años mayor que él.
“Cuando leí la historia del presidente Macron, fue algo que gatilló, en parte, la decisión final que tomé y le comenté a través de un WhatsApp al fiscal a cargo que reestudiara por instrucción particular mía la posibilidad de un procedimiento abreviado, porque eventualmente podíamos tener privada de libertad a la próxima primera dama del país. Se lo dije tal cual”, fueron los dichos del entonces fiscal regional.
Tras esto, el fiscal nacional de la época, Jorge Abbott, ordenó a Ayala pedir disculpas públicas por los lamentables dichos donde relativiza un abuso sexual reiterado hacia un menor de edad.
Así las cosas, llama la atención la lentitud en el avance de esta denuncia que podría constituir delitos como fraude al fisco y negociación incompatible, causa con diligencias tardías, para algunos expertos, y que podrían diluir la verdad.
Escenario que contrasta con otros casos de alta connotación pública, en los que se ha actuado de manera rápida y efectiva, lo que, sin duda, contribuye a la verdad y justicia, pero donde se exige una mayor equidad en el tratamiento de las denuncias, especialmente si se trata de esclarecer el buen uso de los recursos que pertenecen a todas y todos los ciudadanos.
*Este material periodístico fue reporteado en alianza entre Diario Regionalista y Resonancia Diario.
Fernando San Román