Uno de los momentos más álgidos de las manifestaciones que se produjeron en Antofagasta durante el estallido social fue el incendio en el edificio de la ex intendencia, ocurrido el 12 de noviembre de 2019. A cinco años del inicio de las protestas masivas, este hecho vuelve a estar en el centro del debate.
Si bien el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta llevó a cabo un juicio relacionado con lo ocurrido en el edificio gubernamental, no logró identificar a ningún responsable del siniestro. Asimismo, durante el proceso judicial se confirmó la presencia de policías infiltrados en el lugar de los hechos, una información que Diario Regionalista pudo corroborar tanto a través de la revisión de los antecedentes judiciales como de testimonios de personas cercanas a este y otros casos vinculados al estallido social.
Además, la fiscalía recurrió a numerosos testigos reservados para sustentar las acusaciones contra los imputados en el caso. A esto se sumaron los testimonios de dos funcionarios policiales altamente controvertidos: un comisario de la PDI que enfrentó una querella por torturas que habría cometido durante un interrogatorio; y un teniente del OS9 de Carabineros cuestionado por infiltrarse en grupos de WhatsApp de organizaciones sociales que se manifestaban durante el estallido social.
El incendio y el juicio
Los hechos ocurrieron el 12 de noviembre de 2019, cuando, a menos de un mes del inicio de las masivas protestas en Chile, Antofagasta continuaba como epicentro de manifestaciones multitudinarias. Ese día, cientos de personas se congregaron en distintos puntos del centro de la ciudad, con la ex intendencia como uno de los focos principales de tensión, donde se produjeron enfrentamientos con Carabineros y, posteriormente, un incendio en el edificio.
En un primer momento, las fuerzas policiales se replegaron. Desde el inicio del fuego hasta que finalmente fue controlado transcurrieron varios minutos. La fiscalía, cuya investigación fue liderada por el persecutor Cristian Aguilar Aranela, no logró acreditar quién provocó el siniestro en el edificio gubernamental, como consta en la sentencia emitida el 17 de mayo de 2022 por el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta (Causa RIT N°375-2021, a la que se acumuló causa RIT N°382-2021).
Los infiltrados
Durante el juicio, las personas acusadas por las policías y la fiscalía de prender fuego en la planta baja del edificio, fueron absueltas por el tribunal. Además, según consta en la sentencia, desde las defensas de algunos de los imputados se indicó que «había policía infiltrada» en el sitio del suceso.
De la lectura detallada de la resolución judicial se desprende que por parte de la PDI «había un grupo especializado para tomar fotografías de las personas previo a las marchas». También se confirma que un inspector de la misma policía «participó como agente encubierto para grabar y fotografiar». En otro párrafo de la sentencia se menciona la declaración de otro funcionario de la PDI «quien indicó que sus colegas fueron autorizados como agentes encubiertos».
Otro funcionario de la PDI confirmó que «por instrucción de la Fiscalía SACFI actuó como agente encubierto con la finalidad de prevenir delitos». Durante el juicio, este policía trató de inculpar a uno de los imputados por el incendio, indicando que lo observó arrojando líquidos acelerantes. Sin embargo, después de ser contrainterrogado por la defensa, manifestó que no vio cuando se inició el fuego, ya que «como estaba en calidad de encubierto y había mucha gente que se movía, era difícil mantener una posición estática».
Aún cuando los policías y la fiscalía trataron de inculpar a uno de los imputados mediante un video para responsabilizarlo por el incendio, finalmente se consideró que al observar dicho registro con mayor detención, «no resultaba tan clara la imagen que describían los funcionarios al revisar esa prueba». En concreto, las apreciaciones de los funcionarios policiales se basaron en meras suposiciones que finalmente no resultaron claras al exhibir las imágenes.
Algunas de las defensas argumentaron que la presencia de policías infiltrados podría haber instigado la comisión de delitos, poniendo en duda la legitimidad de las acciones policiales durante los hechos.
Modus operandi
La participación de policías infiltrados en el contexto del estallido social y en diversos movimientos sociales ha sido ampliamente documentada por medios de comunicación e investigaciones que incluso han dado lugar a la publicación de libros.
Uno de los casos más conocidos fue reportado por el sitio de investigación periodística CIPER Chile, que reveló la historia de un hombre que, en 2020, comenzó a colaborar con organizaciones territoriales de Peñalolén, ayudando en ollas comunes. Este individuo, sin embargo, incitaba constantemente a los demás miembros a enfrentarse con la policía, llegando incluso a proponer un ataque sorpresa a una subcomisaría. Posteriormente, se confirmó que este «combativo» vecino era, en realidad, un cabo de Carabineros.
Otro caso conocido es el de tres jóvenes condenados por el incendio del Hotel Principado de Asturias en Santiago, durante el estallido social. El medio El Ciudadano reveló que el proceso estuvo plagado de irregularidades, y que tuvieron acceso exclusivo a dos vídeos que mostrarían la incitación de un agente encubierto de Carabineros.
Abogado confirma presencia de infiltrados
El abogado Daniel Vargas participó activamente en el apoyo a personas detenidas y víctimas de la represión policial durante el estallido social en Antofagasta. En ese rol, recuerda que le correspondió entrevistar a un policía intramarchas.
«Junto a las colegas Karina Ibarra y Nina López levantamos una Defensoría Popular para intentar responder judicialmente a la represión y entre los casos que defendimos fue el de la ex intendencia. En ésta vimos cómo un policía reconoció abiertamente que su labor implicaba infiltrarse, como manifestante, en las protestas y perseguir manifestantes. Sin embargo, la ambigüedad de los testimonios de estos policías impidió inculpar a los procesados, quienes quedaron absueltos del montaje que pretendía la fiscalía», recordó.
«Este asunto es archiconocido, es un ABC de la represión: el uso de infiltrados y de provocadores. Sobre esto existen diversos estudios e investigaciones, especialmente a destacar la investigación de la periodista Josefa Barraza sobre los Intra Marchas y más recientemente su libro ‘¿Quien quemó el metro?'», destacó.
El sesgo de la fiscalía y las policías
Las estrategias utilizadas por las fuerzas policiales y la fiscalía durante el estallido social en Antofagasta y otros puntos del país, siguen siendo objeto de controversia y continúan generando serias dudas sobre la legitimidad de los procedimientos judiciales y las acusaciones presentadas.
Los casos del incendio en la ex intendencia de Antofagasta y otras situaciones similares, como lo ocurrido en el Hotel Principado de Asturias en Santiago, muestran un patrón en el actuar de los policías encubiertos, una práctica que ha sido ampliamente documentada.
Los testimonios inconsistentes de policías infiltrados en la ex intendencia dejan en evidencia el sesgo en la investigación, generando la absolución de los imputados por el delito de incendio. La criminalización de la protesta social sigue siendo una tónica, donde la presión para inculpar a manifestantes termina afectando la credibilidad del sistema de justicia y poniendo en entredicho la objetividad de las instituciones.
Diario Regionalista hizo llegar una serie de consultas al actual fiscal regional, Juan Castro Bekios, acerca de los cuestionamientos al sesgo con el que actúa la fiscalía en estos casos. Sin embargo, desde la institución indicaron que no harían comentarios.