Por Matias Recabarren 
El Ministerio de Hacienda de Chile instruyó un recorte fiscal que exige una evaluación y propuesta de reducción de hasta un 15% en los presupuestos de diversos programas de apoyo escolar para las regiones.
A pesar de que el Ejecutivo descartó un recorte en las raciones alimentarias del Programa de Alimentación Escolar (PAE), la medida mantiene en alerta a las comunidades educativas de Antofagasta debido al eventual impacto en las áreas de salud mental, servicios médicos y asignaciones de materiales de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).
Esta discusión presupuestaria coincide con un complejo escenario local de violencia y suspensiones de clases debido a amenazas directas en contra de distintas unidades educativas de la comuna.
Frente a los hechos de violencia registrados, las instituciones de la zona han debido activar sus planes de emergencia interna.
En conversación con Diario Regionalista, Verónica Díaz, trabajadora social del Colegio Marta Narea, declaró que ante las amenazas escritas con faltas de ortografía que han recibido, existe un protocolo coordinado con la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) para resguardar la seguridad y el bienestar de las familias y funcionarios a través de la suspensión de clases.
Asimismo, la profesional explicó que la crisis de violencia es tratada internamente mediante talleres motivacionales y contención para estudiantes y funcionarios, derivando los casos a la psicóloga, orientación y apoderados.
Sobre el rol de las políticas de apoyo del Estado en contextos vulnerables, Díaz destacó que es primordial la ayuda de la Junaeb, ya que presta apoyo con cuadernos, ropa y zapatillas, lo que representa un gran soporte para los estudiantes vulnerables o que viven lejos.
No obstante, respecto al debate presupuestario, la trabajadora social aclaró que en su unidad no se recortará presupuesto en este ítem e ingresa dinero de forma normal, aunque puntualizó que la realidad regional dicta muchas diferencias, puesto que aquellas escuelas de la zona que presentan un 75% de vulnerabilidad sí manifestarán un déficit en algunos programas si se concreta el recorte generalizado del 15%.
A nivel territorial, la preocupación de los especialistas radica en la fragilidad de las instituciones locales para absorber las necesidades de los alumnos fuera de las aulas.
Diario Regionalista conversó con Nicolás Ponzo, asistente social externo, quien afirmó que las redes externas y los programas municipales de protección social en Antofagasta no están preparados para responder ante una disminución de la cobertura escolar.
Según manifestó a Diario Regionalista el profesional, los servicios comunitarios ya operan al límite de su capacidad técnica y financiera con extensas listas de espera.
Millaray Santander Iglesias