Por Redacción 
El senador por la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez, realizó una reflexión sobre la implementación de la ley de royalty minero, normativa que impone una nueva carga tributaria a la gran minería del cobre y que superó un arduo y extenso camino legislativo para finalmente convertirse en realidad.
El legislador, autor de este proyecto, destacó que, tras su aprobación inicial en mayo de 2023, la normativa ha comenzado a desplegar sus efectos, incluyendo la esperada entrega de recursos a las comunas a partir de 2025.
Velásquez recordó que «la implementación contrasta notablemente con los severos pronósticos de la industria minera privada, que durante años advirtió sobre las ‘catastróficas consecuencias para la competitividad y la inversión del sector'».
Un largo y tortuoso camino legislativo
El proyecto de ley sobre royalty minero recorrió un extenso periplo en el Congreso Nacional. Durante años, legisladores, gobierno y la industria minera protagonizaron intensos debates y negociaciones. La discusión, marcada por posturas antagónicas, se extendió a lo largo de diversas administraciones gubernamentales. Finalmente, en mayo de 2023, el proyecto fue aprobado de manera definitiva, marcando un punto de inflexión en la relación entre el Estado y la minería privada.
La ley fue promulgada por el Presidente Gabriel Boric el 12 de mayo de 2023, consolidando su existencia formal. Su publicación en el Diario Oficial el 13 de mayo de 2023 la convirtió en una normativa vigente, aunque la mayoría de sus disposiciones, incluyendo la recaudación del nuevo royalty, entraron en vigor el 1 de enero de 2024. Este plazo permitió a las empresas y organismos públicos prepararse para el nuevo escenario tributario.
Los temores de la industria minera: ¿Profecías incumplidas?
El senador Velásquez recordó que durante el largo proceso legislativo, las compañías mineras privadas manifestaron profunda preocupación y pronosticaron graves consecuencias si se aprobaba el royalty. Sus principales temores incluían:
- Pérdida de competitividad: Advertían que el royalty elevaría los costos de producción, restando atractivo a Chile como destino para la inversión minera frente a países competidores.
- Freno a la inversión: Alertaban sobre un desincentivo de la inversión en nuevos proyectos y la expansión de operaciones existentes, frenando el crecimiento del sector.
- Menor rentabilidad y riesgo de cierres: Preveían una reducción en sus márgenes de ganancia, con potencial cierre de operaciones menos rentables y disminución de la producción.
- Incertidumbre jurídica: La extensa discusión generaba incertidumbre, percibiendo el royalty como un primer paso hacia cambios tributarios aún más gravosos.
- Impacto negativo en Pymes: Señalaban que las pequeñas y medianas empresas mineras serían las más perjudicadas, pudiendo verse obligadas a cerrar.
- Pérdida de empleos: Anticipaban una merma en la generación de puestos de trabajo producto de la menor inversión y actividad minera.
Sin embargo, con la ley de royalty en plena vigencia, la realidad dista de las alarmantes predicciones. Si bien es pronto para evaluaciones definitivas a largo plazo, no se ha constatado una fuga masiva de capitales ni una paralización de la inversión. El sector minero chileno sigue activo y el precio del cobre, factor clave en la rentabilidad minera, se ha mantenido en niveles que permiten mitigar el impacto del royalty. Tampoco se han reportado despidos masivos atribuibles a la nueva ley.
Beneficios comunales a la vista: Un paso hacia la equidad territorial
Una de las justificaciones centrales del royalty minero es su aporte al desarrollo de las regiones y comunas, especialmente aquellas más vulnerables y dependientes de la actividad minera. La ley contempla la creación de tres fondos principales que comenzarán a distribuir recursos a partir de 2025:
- Fondo Comunas Mineras: Destinado a las comunas directamente afectadas por la actividad extractiva.
- Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial: Dirigido a comunas vulnerables a nivel nacional, priorizando aquellas con menores recursos propios.
- Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo: Recursos para las regiones que también se canalizarán a proyectos comunales.
La visión del impulsor: Minería sustentable y respetuosa
El Senador Esteban Velásquez Núñez, principal impulsor del royalty y representante de Calama, corazón minero del país, ha sido una voz fundamental en este proceso. Velásquez declaró en reiteradas ocasiones la necesidad de que «debemos avanzar a una minería sustentable, con perspectiva medioambiental y respetuosa de las comunidades donde se emplaza».
Para el Senador, el royalty representa un avance en esta dirección, permitiendo que la riqueza generada por la minería beneficie de manera más directa a las comunidades locales y al desarrollo del país en su conjunto.
Si bien el debate sobre el royalty minero probablemente continuará, la realidad inicial sugiere que la ley, fruto de una larga y compleja discusión, ha logrado implementarse sin los efectos catastróficos que se pronosticaban.
El desafío ahora estará en monitorear su impacto a largo plazo, asegurar una distribución efectiva de los beneficios a las comunas y buscar un equilibrio que permita un desarrollo minero sustentable y beneficioso para Chile en su conjunto.
Redacción