Por Redacción 
Mediante una declaración pública, la Red de Profesionales Indígenas se refirió a la situación que atraviesa el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), institución que se ha visto involucrada en una serie de polémicas en el último tiempo, siendo la más reciente la remoción del director regional de dicho organismo, Ramón Guajardo Perines, tras la suspensión del proyecto Central de Bombeo Paposo de Colbún, en la comuna de Taltal.
Sobre este punto, la organización afirmó que su mayor preocupación es «el bienestar de los hermanos changos camanchacos, los pescadores artesanales y la comunidad de Paposo, quienes han manifestado unánimemente su oposición a este proyecto. Ante esta situación, es evidente que quien asuma el cargo de Director del SEA en Antofagasta no podrá desempeñarse con el rigor científico, legal, técnico ni ético que exige el rol».
«Queremos dejar claro que este proyecto no fue rechazado por un exceso de ‘permisología’”’, sino por la negligencia y prepotencia de la empresa Colbún, que se niega a reconocer la presencia en el sector de dos comunidades indígenas pertenecientes al pueblo chango camanchaco. Ninguna empresa puede considerarse socialmente responsable si no es capaz de interactuar con respeto ante los actores sociales afectados», recalcaron.
Asimismo, acusan una «actitud permisiva» del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en su relación con diversas empresas. «Hemos observado que solo en los casos en que las empresas han presentado información extremadamente deficiente o incompleta, el SEA ha optado por rechazar sus solicitudes. Sin embargo, esta negación no responde a una estricta vigilancia de la normativa ambiental, sino más bien a la incapacidad de las propias empresas de cumplir con los mínimos requeridos», indicaron.
«Incluso, en los pocos casos en que el SEA ha decidido negar la aprobación de un proyecto, la Dirección Nacional ha procedido a despedir a los directores regionales involucrados en la decisión (Araucanía, Biobío y Antofagasta). Este accionar pone en entredicho la independencia y responsabilidad de quienes están a cargo de evaluar los impactos ambientales, reforzando la percepción de que el SEA está más comprometido con los intereses empresariales que con la defensa del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas», acusaron.
En este mismo contexto, la Red de Profesionales Indígenas hizo un llamado urgente al gobierno «a rectificar su línea de acción, ya que no es la primera vez que cede ante intereses económicos y políticos ajenos a su programa de gobierno».
«Nos preocupa, por ejemplo, que a pesar de las más de 200 reuniones sobre la nueva ley de pesca, ninguna haya sido con los pueblos originarios. De igual manera, el acuerdo entre Codelco y Soquimich se llevó a cabo a espaldas del pueblo likanantay, y la Ley Lafquenche parece cada vez más letra muerta, debido al rechazo de las mismas autoridades gubernamentales», precisaron.
«Finalmente, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del medio ambiente y los derechos de las comunidades afectadas por proyectos con graves impactos socioambientales. Continuaremos vigilantes y activos en la lucha por una evaluación ambiental justa, transparente y basada en criterios técnico-científicos», concluyeron.
A continuación puedes leer la declaración completa:
