Por Redacción 
A 4 años del estallido social, Diario Regionalista analizó los casos de delitos cometidos por agentes del Estado (policías y militares) en el contexto de las movilizaciones en la región de Antofagasta, constatando el nulo avance en las causas por parte de la fiscalía y la justicia.
Lo anterior, en contraste con los casos que involucran a personas imputadas por participar en movilizaciones y otros eventos en el marco de las protestas, donde la fiscalía sí actuó con agilidad, logrando extensas prisiones preventivas -con cuestionados procesos judiciales-, quedando en evidencia el sesgo y la negligencia del Ministerio Público en el cumplimiento de sus funciones.
A través de una solicitud vía Ley de Transparencia formulada el primer semestre de 2023, Regionalista.cl obtuvo las estadísticas de agentes del Estado imputados en el marco de las movilizaciones sociales ocurridas entre el 19 de octubre de 2019 y el 19 de octubre de 2020 en la región de Antofagasta.
La información entregada por la fiscalía regional da cuenta de 906 casos en ese periodo, de los cuales solo 3 se encuentran con sentencia definitiva, uno de los cuales corresponde a una absolución y otros dos a condenas. Sin embargo, no hay ningún agente del Estado cumpliendo prisión por los delitos cometidos durante el estallido social en la región.
Es decir, de la totalidad de denuncias «investigadas» por la fiscalía, sólo un ínfimo 0,3% de los casos tiene una sentencia.
Otro dato que sorprende es que de la totalidad de las indagatorias, 728 se encuentran cerradas y solo 178 siguen vigentes. De las causas cerradas, 82 fueron agrupadas, 623 archivadas provisionalmente, en 13 casos se decidió no perseverar en el procedimiento y 3 cuentan con sentencia definitiva.
Fuentes judiciales consultadas por Regionalista.cl indicaron que la fiscalía regional en muchos casos tardó varios meses en solicitar alguna diligencia y en otros casos simplemente nunca actuó, demostrando negligencia y sesgo a la hora de actuar ante las numerosas denuncias contra militares y principalmente policías, en el marco de las movilizaciones tras el estallido social.
Muchos de estos casos estaban a cargo del mediático fiscal Cristian Aguilar Aranela, quién demostró «firmeza» y «agilidad» para perseguir a los llamados presos políticos del estallido social, mientras que en los casos de golpizas, torturas, detenciones ilegales y lesiones provocadas por policías y fuerzas de orden contra manifestantes, actuó de manera tibia y negligente o simplemente no actuó.
Asimismo, el ex fiscal regional, Alberto Ayala, no ejerció su rol de jefatura para exigir la aplicación de la normativa y supervigilar el cumplimiento de la ley 19.640 Orgánica Constitucional del Ministerio Público por parte de los fiscales.
A continuación puedes revisar la información oficial con los datos de la fiscalía regional sobre los casos de delitos relacionados a agentes del Estado (policías y militares) durante el estallido social:
VER RESPUESTA POR LEY DE TRANSPARENCIA
