Por Diego Juica Chavarría 
La institución enfrenta un déficit estructural de $8.279 millones para el 2025. Superintendencia de Educación Superior exigió un plan de ajuste que incluye recortes salariales, aumento de carga académica y revisión de beneficios.
La Universidad de Antofagasta atraviesa una grave crisis financiera. Con un déficit estructural cercano a los $3.000 millones por año, la Superintendencia de Educación Superior ha ordenado una serie de medidas que afectan directamente a docentes, funcionarios y directivos. El plan de ajuste, que regirá desde el segundo semestre, busca evitar un colapso institucional.
Según detalló el superintendente José Miguel Salazar, el paquete de medidas enviado a la universidad incluye una revisión de cargas académicas, recortes en asignaciones por productividad y ajustes en las remuneraciones de altos cargos. “Tienen que reducirse esas asignaciones en un tercio para efectos de hacer la institución sostenible”, indicó la autoridad, subrayando que esta situación refleja una crisis más amplia que afecta a varias universidades estatales.
Consultado por los altos sueldos de algunos directivos —que en ciertos casos superan los $9 millones brutos mensuales, incluso más que el gobernador regional—, el rector Marcos Cikutovic Salas reconoció que esos montos responden a un reglamento interno vigente desde hace más de 30 años. No obstante, admitió la necesidad de corregir: “Estoy de acuerdo, fíjate. Desde ya estamos empezando en algo: estamos restringiéndonos 33% las asignaciones que tienen justamente los sueldos de la dirección superior”.
Pese a ello, Cikutovic defendió las remuneraciones, señalando que muchos académicos cuentan con posgrados y publicaciones que justifican su nivel salarial. Esta postura ha generado cuestionamientos, considerando que el ajuste incluye aumentos en la carga académica y recortes a beneficios que afectan directamente la calidad de la enseñanza.
En paralelo, el rector confirmó que la casa de estudios avanza en la apertura de una sede en Calama, asegurando que el proyecto no comprometerá los fondos de la institución, sino que se financiará con recursos regionales y aportes municipales. Esta decisión, en medio de una crisis económica, ha sido interpretada como una señal de desconexión entre las prioridades institucionales y las urgencias presupuestarias.
El caso de la Universidad de Antofagasta pone en evidencia problemas estructurales de gobernanza, falta de actualización normativa y una brecha entre las decisiones de la administración y la realidad económica. Más allá de los recortes puntuales, se plantea la necesidad de una revisión profunda del modelo de financiamiento estatal, para evitar que instituciones públicas repliquen las mismas lógicas de endeudamiento y ajuste que enfrentan otros sectores.
La crisis no solo amenaza la estabilidad administrativa de la universidad, sino que también proyecta sombras sobre el futuro de la educación pública en la región.
Redacción 
Juan José Córdova Henríquez