¿Caso MAIN 2.0?: La CMDS y la gestión educacional de Sacha Razmilic en el ojo del huracán

A propósito del escándalo político dado a conocer en los últimos días sobre el contrato de 65 millones de pesos de la CMDS con el diario “El Mercurio”, con el objetivo de financiar una campaña comunicacional, cuyos fondos proceden del financiamiento de la salud primaria y la subvención educacional que recibe la Corporación por parte del MINEDUC, se hace evidente la mantención de una lógica torcida en la administración municipal.

Esta lógica, que data por lo menos desde el período de Karen Rojo, no tuvo mayores cambios con el ex alcalde Jonathan Velásquez, y al parecer con la actual conducción alcaldicia no se darán transformaciones importantes en la gestión de servicios asociados a derechos tan importantes como la educación pública.

Este caso no es aislado: La compra de mochilas con útiles escolares con recursos del MINEDUC de la subvención escolar preferencial (SEP) en el período de Karen Rojo, con logo de CMDS, significó el desembolso de millonarios recursos de todas las escuelas y liceos municipales, dineros que las comunidades educativas perdieron para invertir en la mejora de los procesos técnico-pedagógicos y psicosociales para la mejora educativa.

Aunque seguramente la situación más atingente a recordar es el llamado “Caso MAIN”, el cual marcó el fin de la meteórica carrera política de Karen Rojo, precisamente por la compra de una asesoría comunicacional con recursos provenientes de la CMDS.

Para quienes pertenecemos al ámbito de la educación y conocemos sus políticas públicas asociadas, es clara la tendencia a definir el uso de los recursos que entrega el MINEDUC a los sostenedores para “fines educativos”, es decir, se ha ido regulando que los dineros que se entregan a la administración de la educación pública y particular subvencionada se inviertan 100% en el proyecto educativo. Esta idea se fortaleció con la aprobación de la ley de inclusión escolar, lo que generó modificaciones en distintos cuerpos normativos.

La ley de subvenciones establece que el sostenedor gestionará las subvenciones y aportes de todo tipo para el desarrollo de su proyecto educativo, las que sólo pueden destinarse a aquellos actos o contratos que tengan como objetivo directo y exclusivo el cumplimiento de los fines educativos. El incumplimiento de esta disposición es considerada una infracción grave, lo que deberá ser fiscalizado y sancionado por la Superintendencia de Educación.

El nivel de conflictividad que se produce por parte de las distintas administraciones del sostenedor municipal de Antofagasta es bastante grande, y ello ha sido transversal a los últimos alcaldes que ha tenido la comuna. De hecho, el convenio actual entre CMDS y El Mercurio no solamente genera ronchas por el origen de su financiamiento y por el contexto electoral del presente, sino también porque estamos ad portas del traspaso de las escuelas públicas al Servicio Local de Educación, que comienza a gestionar las escuelas desde el 01 de enero de 2026.

Lo anterior requiere que todos los procesos administrativos, técnico-pedagógicos y de infraestructura escolar estén saneados, considerando aspectos cruciales como la necesidad de aumentar la capacidad de matrícula con nuevos establecimientos por la creciente demanda y falta de oferta educativa, las situaciones complejas en el ámbito de la convivencia escolar y el otorgar todos los aseguramientos para el derecho a la educación y el desarrollo pleno de los estudiantes.

El revuelo generado por el reciente convenio comunicacional del sostenedor municipal recién comienza, y sus implicancias serán clarificadas en el mediano plazo. No obstante, es claro el sentido de continuidad de una gestión educativa gerencial y alejada de las realidades de las comunidades escolares, y al parecer se pierde una oportunidad por parte del alcalde Sacha Razmilic de diferenciarse de sus antecesores Karen Rojo y Jonathan Velásquez en la relación con los trabajadores de la educación.

Aún es pronto para visualizar si estamos en presencia de un caso Main 2.0, pero es fundamental que la comunidad antofagastina condene el uso de recursos educativos para otros fines que no sean los niños, niñas y adolescentes.

Por el momento, es de esperar que la representación regional del MINEDUC se pronuncie y tome cartas en el asunto, como establece la ley, y las organizaciones de la sociedad civil sean escuchadas para no repetir los errores del pasado, para así desde la educación aportar hacia la construcción de un mejor futuro, en vez de ser un sistema que reproduce las condiciones existentes de la sociedad que permiten la injusticia y los malos liderazgos.