Columna: El Colegio de Profesores ante el paro nacional convocado por la CUT

Es cierto que el paro nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), siendo el Colegio de Profesores parte de esta central, responde, ante todo, a demandas propias del sector. Siendo estas definidas por la Mesa del Sector Público (MSP), liderada por la Central, y correspondiendo al logro de un mayor bienestar personal y familiar a través de la implementación de una serie de demandas.

Entre ellas, la jornada de 40 horas laborales, la implementación de los incentivos al retiro permanente en el sector público y a la interpelación al congreso nacional para que promulgue una legislación que fortalezca la negociación colectiva (cuestión que hacemos en los hechos con la MSP) y libertad sindical.

También están entre las medidas solicitadas el avance de la negociación ramal supra empresas (negociación entre varias empresas de un mismo sector), la interpelación hacia la contralora General de la República por arremeter contra los derechos laborales de las y los trabajadores del sector público, y por la interferencia en la libertad sindical (libertad para organizar sindicatos, posibilidad de negociar colectivamente con los empleadores y participación en actividades sindicales sin sufrir amenazas, discriminación ni represalias).

Aunque no se quiere ver o, mejor dicho, aunque no quieran que así se vea, también estas negociaciones, en las que la paralización siempre es un factor gravitante que ocurre ante la ceguera de la contraparte, van en beneficio de la totalidad de trabajadores y de la sociedad en su conjunto. Lo anterior, considerando que la realidad que combatimos malogra gravemente la integridad física y psicológica de la población (resguardado esto en nuestra Constitución, en el Código del Trabajo, en el Estatuto Docente y en la Ley General de Educación).

Razones de sobra que nos llevan por el camino del fortalecimiento “de la función pública y el empleo público, como pilares fundamentales para servir a la ciudadanía”. Asuntos que requieren de atención imperativa para el logro de mayor bienestar, justicia y equidad social.

En el caso particular del sector educativo de nuestra comuna y provincia, este año está enmarcado en el cambio de sostenedor, en el traspaso al Servicio Local de Educación Pública de Antofagasta, haciéndose menesteroso el fortalecimiento de la educación pública local. Razón por la que es más que necesario establecer condiciones adecuadas de traspaso, condiciones que mitiguen toda situación de riesgo existente, condiciones que reduzcan las posibilidades de merma de nuestras condiciones laborales, salaries y, por tanto, de nuestras condiciones materiales e inmateriales de existencia y de convivencia. Tarea en que como Colegio de Profesores hemos trabajado arduamente.

Por esto, debemos pronunciarnos también contra el recorte de los “gastos” sociales del Estado, dejando claro, ante todo, que no es un gasto, sino que es inversión en el logro de mayor bienestar social y personal -incidiendo directamente en la producción y estabilidad en la inversión, que es el discurso dominante con que se pasean en matinales-. Dejando claro, entonces, que una disminución en el presupuesto del Estado repercute directamente en el empleo y en la función pública, encendiendo con esto una molestia ciudadana, una sociedad más ofuscada y una sociedad bullada en conflictividad social.

Dejando en claro entonces que una disminución presupuestaria de los Servicios Locales de Educación Pública, siendo parte ellos de la Administración Estatal, tendrá un directo efecto negativo en las condiciones laborales de profesoras, de profesores y de asistentes de la educación. Por ende, estaríamos ante un efecto negativo en las condiciones de la educación pública, sobre el servicio educativo y, por ende, sobre las oportunidades que la clase trabajadora tiene para poder materializar sus sueños.