Ricardo Díaz Gobernador

Acusan negligencia médica: Los relatos de las víctimas que apuntan hacia el Doctor Villagrán

Rodrigo Villagrán, médico que presta servicios en la Clínica BUPA de Antofagasta, se encuentra en el centro de una creciente controversia debido al reciente fallecimiento de Joel, un ex-bombero calameño de 46 años, que murió tras someterse a una cirugía bariátrica, donde sufre una fisura en el estómago, que causó una neumonía y un shock séptico, falleciendo el 18 de febrero del 2024 debido a un paro cardíaco.

Su familia acusa negligencia médica. Su hijo, Bastián Torres, es estudiante de tecnología médica y relató que “hubo una fisura a la altura de su mediastino y eso causó que todos los líquidos que están en su estómago, uno de ellos es el ácido clorhídrico que es corrosivo, se diseminó en todos sus órganos vitales”.

Sin embargo, el caso de Joel no es aislado. Hay más de nueve víctimas registradas tras someterse a cirugías bariátricas con el doctor Villagrán, estas incluyen complicaciones graves y dos trágicas muertes. Su práctica médica, que debería ser un procedimiento ambulatorio para mejorar la calidad de vida, ha dejado a varios pacientes y sus familias en un estado de desesperación y sufrimiento. Los casos han suscitado demandas y mediaciones que buscan justicia y cambios en las prácticas quirúrgicas para evitar futuras tragedias.

Sheccid, estudiante de tercer año de Química y Farmacéutica en la Universidad Católica del Norte, falleció el 1 de abril de 2023, tras una cirugía bariátrica con el doctor Villagrán en la Clínica Bupa de Antofagasta. Según el informe de autopsia regional, la joven sufrió una falla multisistémica debido a una mala sutura, causando su muerte, con tan solo 20 años.

Posterior al fallecimiento, su madre, Jaqueline Saavedra, convocó manifestaciones a las afueras de la clínica, también creó un perfil de Instagram para advertir lo ocurrido a la comunidad y exigir justicia para su hija. “Me siento amedrentada desde que empecé a hacer manifestaciones”, declaró. Denuncia constantes hostigamientos, dónde carteles de su causa han sido destruidos o removidos principalmente en el sector sur de Antofagasta.

Paralelamente presentó una querella por cuasidelito de homicidio contra los presuntos responsables. “Generalmente la fiscalía espera la respuesta del Servicio Médico Legal en Santiago para formalizar, o no, en caso de negligencia médica, eso puede tardar dos a tres años. En el caso de Sheccid el informe regional es contundente”, explica Cristian Berd, abogado de Jaqueline.

Berd declaró que “el fiscal Aguilar le señaló en la cara de la madre de Sheccid que estaban en condiciones para formalizar”. Esta acción permitiría abrir una investigación formal dentro de un plazo establecido y fijar medidas cautelares. Cristian Aguilar, fiscal a cargo del caso, fue cambiado recientemente, sembrando incertidumbre en la familia respecto a estos compromisos adquiridos y permitiendo al doctor seguir operando con normalidad, en Santiago y Antofagasta.

“Queremos que quede con medidas cautelares, es una persona que tiene historial. No estamos hablando de un caso específico, hay casos que ni siquiera están judicializados, porque las personas quedaron muy mal psicológicamente”, relató Jaqueline. La Fiscalía de Antofagasta, al cierre de esta nota, no quiso referirse al tema oficialmente.

Meses más tarde ocurrió otra negligencia, el 3 de julio de 2023. J.Q. se sometió a una cirugía con el doctor y sufrió una hemorragia debido a una presunta mala praxis. A pesar de la gravedad de la situación, la víctima no tomó acciones legales en el momento por los costos monetarios que estos significan, pero está a la espera para realizar la querella.

Durante el mismo año, un fallo judicial condenó al Dr. Villagrán a pagar una indemnización a una paciente que sufrió una lesión en el colon transverso durante una cirugía bariátrica. El fallo reconoció las múltiples intervenciones necesarias y las dolencias de la paciente como consecuencia de la operación, obligándole a pagar más de 21 millones por concepto de daño emergente; 14 millones por lucro cesante, y 20 millones de pesos por daño moral, daño emergente y lucro cesante.

Otra víctima es I.A. quien se sometió a una cirugía bariátrica en el 2022 con el doctor, por recomendación de terceros. Luego de la operación debió permanecer un mes en la Unidad de Tratamientos Intensivos en la Clínica Bupa, con problemas para ingerir alimentos líquidos según relata. “Todo el mundo me decía que ese doctor era una maravilla, que era lo mejor de Antofagasta, pensé que yo solo había tenido mala suerte”, relata.  Debido a esto, no tomó acciones legales en contra del médico. Hoy se enfrenta a las secuelas que le dejó la operación, debido a que se ha debilitado físicamente, por los problemas que sufre a diario al comer.

Estos relatos solo se suman a una serie de presuntas negligencias que han ocurrido años anteriores. Durante la pandemia del coronavirus, Natalia Cáceres se sometió a una cirugía de balón gástrico, a pesar de que no le realizaron la endoscopía protocolar correspondiente y que debido al contexto sanitario, los procedimientos estéticos se encontraban prohibidos. Además de traer enormes consecuencias psicológicas, se le suman los altos costos para remediar los daños físicos que le dejó la operación. Debido a esto no tomó acciones legales.

El 21 de agosto de 2019, Yuri se sometió a una operación de manga gástrica con el médico. Aunque inicialmente fue dada de alta sin complicaciones, seis días después, el 27 de agosto, regresó al hospital en estado crítico. El médico responsable estaba de viaje en Londres. Un escáner reveló hematomas y, tras ingresar a la UCI, fue operada nuevamente debido a un shock séptico.

A pesar de múltiples intervenciones y tratamientos con antibióticos fuertes, Yuri estuvo en coma inducido hasta el 14 de septiembre de 2019. Finalmente, fue dada de alta el 8 de octubre de 2019, con secuelas físicas graves que afectaron su capacidad para caminar y grandes gastos médicos. En 2020 inició una mediación con la clínica, la cual finalizó en febrero de este año, sin llegar a un acuerdo. A raíz de esto, interpuso una demanda y está a la espera de la respuesta de las partes.

Anteriormente, múltiples casos han ocurrido en manos del mismo equipo médico y la misma clínica, como lo ocurrido con A.C.S, que se realizó una cirugía el 2017. Ella recibe el alta médica de parte del doctor, pero un mes más tarde ingresa a la clínica nuevamente, con diagnóstico de sepsis abdominal y un absceso intraabdominal. Su hija relata que durante su hospitalización su madre recibió malos tratos, formó escaras en su cuerpo y en una oportunidad una enfermera le suministró un medicamento del cual era alérgica, a pesar de haber sido señalado con anterioridad.

“Yo la iba a limpiar y a mudar, porque a veces llegaba y mi mamá estaba toda orinada o no la bañaban”, relata Heidi, su hija. Agrega que no tomaron acciones legales en el momento, ya que pensaban que eran la única víctima. Actualmente la mujer sufre las consecuencias que le dejó dicho procedimiento: una fuerte depresión y una anorexia debido al reflujo que experimenta al comer, lo que la obligó a dejar de trabajar por el progresivo deterioro de sus huesos.

El 2016, Cecilia Peñaloza Galarce se sometió a un bypass gástrico con Villagrán. Lo que comenzó como una esperanza de mejorar su salud se convirtió en una pesadilla: una obstrucción intestinal desató una cadena de problemas digestivos que requirieron tres intervenciones quirúrgicas adicionales y una intervención domiciliaria.

Estas complicaciones le dejaron secuelas graves en su salud mental, incluyendo depresión y trastornos del sueño. El 26 de febrero de 2021, Cecilia presentó una demanda por indemnización de perjuicios por negligencia médica. La abogada de la víctima, Rosemery Casanga Cocio, indicó que el caso está en la etapa probatoria.

La falta de regulación efectiva en las cirugías ambulatorias y las pocas consecuencias para los médicos bajo investigación por negligencia médica, son preocupaciones graves que deben abordarse de manera urgente. Es imperativo que se establezcan estándares más estrictos y protocolos de supervisión más rigurosos para garantizar la seguridad y el bienestar de los pacientes, orientado a prevenir futuras víctimas.

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