Tras los acontecimientos que terminaron con el suicidio de la docente Katherine Yoma y la reciente denuncia realizada por el diputado José Castro (RN) por los graves problemas de drogas y violencia en el Liceo La Chimba, se ha visibilizado una problemática que no es para nada nueva.
Luego del retorno a las clases presenciales, videos de peleas entre estudiantes y acusaciones de violencia al interior de diversos establecimientos se volvieron comunes tanto a nivel nacional como regional. En este sentido, es importante recordar que las denuncias en el ámbito de convivencia escolar aumentaron un 10,9% el 2023 respecto al año anterior, según la minuta de Denuncias por Convivencia Escolar, realizada por la Superintendencia de Educación.
Sin embargo, la problemática no se limita a la convivencia. La venta de drogas, la presencia de armas hechizas y el robo de equipos del establecimiento eran una realidad para el Liceo Industrial ya para el 2022. Donde Jaqueline Ordoñez, inspectora general del establecimiento al momento de los hechos, declaraba que la situación era preocupante. Ya que “siempre ha habido violencia, pero antes era más espaciada”, declarando además que cada vez ocurrían “situaciones más graves”.
Es en este marco es que el foco de la discusión se lleva al de la seguridad con un enfoque punitivo. Y es que tanto apoderados como estudiantes, docentes y funcionarios no académicos se ven afectados o en riesgo, a nivel físico y psicológico por el actuar de otros.
Sin embargo, esta mirada sólo considera una “solución” a corto plazo. No reflexiona en las consecuencias de la exclusión de “estudiantes problemáticos” de las aulas y tampoco en cuales son las raíces del problema, en busca de generar políticas públicas que aborden la violencia y la delincuencia estudiantil con una mirada estratégica.
Según el estudio “Educación y Delincuencia Juvenil en Chile” publicado en 2022 por la Universidad de Chile, uno de los factores determinantes del delito juvenil es la educación. Sin embargo, aclara que no es un fenómeno unifactorial. Entre las aristas que potencian el riesgo delictivo se encuentran el uso de alcohol y drogas, baja escolaridad de padres, familiares con antecedentes delictuales, ser víctima de abuso o maltrato y problemas con la comunidad educativa.
En ese contexto es importante considerar que excluir a los “estudiantes problemáticos” de la educación sólo causaría que estos retornen, a tiempo completo, a familias o círculos sociales conflictivos. Donde se agudiza la relación con las drogas, el alcohol, las carreras delictuales y las detenciones. Nutriendo así el crecimiento de la futura población penal.
En este sentido es relevante destacar que, según el “Plan de Trabajo: condiciones carcelarias de mujeres privadas de libertad” realizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el 2023, de 3.423 mujeres privadas de libertad, el 83,1% reportó tener hijos. Y, además, el 74,1% de estos es menor de edad. Realzando así la importancia de generar políticas públicas para proteger y reinsertar a estas infancias.
Si bien es necesario tener medidas claras y contundentes, que permitan reducir los índices de violencia y delitos al interior de los establecimientos educacionales y así proteger a nuestras comunidades, debería también ser necesaria una mirada integral y estratégica de la problemática. Que no se quede en el populismo punitivo y considere la complejidad del fenómeno.
Finalmente, y comprendiendo que la realidad tanto económica como social de las familias en Chile no es la misma, debemos dar un paso a asumir en conjunto las infancias que hemos construido. La delincuencia no nace de la noche a la mañana y para construir una convivencia mejor, debemos dejar de derivar los problemas que tienen su raíz en la formación más temprana, que es la familia, hacia los establecimientos educativos. Solamente para luego hacer lo mismo, pero esta vez, derivando la responsabilidad al sistema penal.
Piero Chavera Rojas 
Valeria Ríos Guerrero