El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta admitió a trámite una reclamación de la Comunidad Indígena Atacameña de Toconao contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). La acción legal busca revertir la decisión del director ejecutivo del organismo, quien invalidó el rechazo regional previo y otorgó la aprobación al proyecto “Exploraciones Aida” de la empresa Minera Plata Carina Spa.
El requerimiento de la comunidad indígena se funda en que la resolución de la Dirección Ejecutiva del SEA no consideró adecuadamente las observaciones ciudadanas vinculadas con los posibles impactos del proyecto en el sistema hídrico del Salar de Tara, área que se encuentra protegida como Reserva Nacional y Sitio Ramsar.
La comunidad acusa deficiencias en la caracterización hidrogeológica presentada durante el proceso de evaluación, debido a la falta de información y errores metodológicos en el modelo que fue utilizado por la empresa para realizar el descarte de los impactos sobre las vegas, bofedales y acuíferos protegidos.
Además, exponen en su reclamación que tampoco se habrían considerado correctamente los impactos sobre sus sistemas de vida y costumbres, omitiendo aspectos relacionados al uso cultural y espiritual del territorio y la correcta caracterización del componente medio humano.
La comunidad solicita dejar sin efecto la decisión del director ejecutivo del SEA, dejando a firme la calificación desfavorable de la Declaración de Impacto Ambiental de la iniciativa, certificando que el proyecto no cumple con la normativa ambiental aplicable y que no se descartan los efectos y características que hacen necesaria la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
En la reclamación, la comunidad solicitó también la suspensión de los efectos de la RCA y la paralización de las obras del proyecto para prevenir los posibles efectos negativos que derivarían de las deficiencias que acusan en su acción. Dicha petición se encuentra en evaluación por parte del tribunal y será resuelta en los próximos días.
Detalles del proyecto
El objetivo central del proyecto cuestionado por las comunidades es la exploración minera y contempla la perforación de ocho sondajes utilizando el método de diamantina. A través de estas intervenciones se pretender confirmar o descartar la presencia de un cuerpo mineralizado, además de caracterizar, delimitar y estimar las concentraciones de minerales en profundidad.
La iniciativa contempla una inversión aproximada de un millón de dólares y su ejecución implicará la realización de trabajos durante tres meses. Se emplazará en un sector ubicado a 120 kilómetros al este de San Pedro de Atacama.

