Por Redacción 
Finalmente se oficializaron los nombres de quienes asumirán como delegados y delegadas presidenciales en el próximo gobierno de José Antonio Kast. En la Región de Antofagasta, el cargo recaerá en Katherine López (UDI), exgobernadora provincial, una designación que recuerda diversas polémicas que protagonizó la también exconsejera regional.
Administradora pública, de perfil conservador y reconocida opositora a la ley de aborto en tres causales, López fue electa consejera regional en 2017 con un respaldo limitado: obtuvo 2.819 votos, equivalentes al 2,7% de los sufragios, siendo la menos votada entre quienes resultaron electos en la provincia. Sin embargo, en mayo de 2018 renunció anticipadamente al cargo para asumir como gobernadora provincial, decisión que generó críticas por abandonar un rol de representación popular a pocos meses de haber asumido.
Su gestión como gobernadora provincial coincidió con el estallido social de 2019, período marcado por una fuerte represión policial en la región. Según registros oficiales, se contabilizaron 906 casos con agentes del Estado imputados por delitos como golpizas, apremios ilegítimos y detenciones arbitrarias, en un contexto donde la autoridad política fue duramente cuestionada por organizaciones de derechos humanos y sociales.
Hasta la fecha, López sostiene -sin presentar ninguna prueba- que no nació de la gente salir a marchar durante las movilizaciones sociales y que fueron incitados.
Otra de las controversias de su administración ocurrió también en 2019, cuando encabezó la entrega de un terreno fiscal a la agrupación evangélica “Templo Espiritual Luz y Progreso”, entidad que ofrecía supuestos tratamientos médicos mediante la intervención de “médicos fallecidos” contactados por médiums.
La decisión fue respaldada por la senadora Paulina Núñez (RN), pero recibió un fuerte rechazo del Colegio Médico, que alertó sobre la falta de rigor científico y el riesgo de que personas abandonaran tratamientos médicos formales. Organizaciones sociales también cuestionaron la medida, recordando que por años habían solicitado terrenos para iniciativas comunitarias sin obtener respuesta.
Las críticas se intensificaron en 2020, cuando el entonces dirigente y hoy diputado electo Fabián Ossandón (PDG) pidió públicamente su renuncia, calificando como “insostenible” la gestión de la seguridad pública en Antofagasta. “Pedimos por el bien, orden y seguridad pública de todos y todas, que la responsable política, la gobernadora provincial, ponga su cargo a disposición”, señaló en ese momento.
Así, la designación de Katherine López como delegada presidencial abre un nuevo flanco de debate en la región, marcada por un historial de decisiones controvertidas y cuestionamientos pendientes sobre su rol político en momentos clave para Antofagasta.