A un año de la desaparición de la dirigenta mapuche y activista medioambiental, la Fiscalía Regional de Los Ríos declaró al empresario agroforestal Juan Carlos Morstadt Anwandter como imputado en la causa que investiga su presunta responsabilidad en su desaparición. La información fue confirmada por las abogadas querellantes de la familia Chuñil, luego de que la defensa de Morstadt recibiera copias de la carpeta investigativa.
Dicho documento, según la legislación chilena, solo puede ser entregado a imputados formalmente reconocidos en una causa judicial. De esta manera, el principal sospechoso implicado en la desaparición de Julia Chuñil cambió su calidad procesal de testigo a imputado, marcando un punto de inflexión en el caso. La audiencia en la que debía participar Morstadt fue suspendida a solicitud de su defensa, lo que, según la parte querellante, “dilata nuevamente el proceso judicial que lleva más de un año sin resultados concretos”.
En un comunicado difundido por Nación Mapuche, se acusó que “durante este año, la Fiscalía ha protegido al poder económico, ha ocultado información y criminalizado a los hijos de Julia Chuñil, en lugar de buscar la verdad”.
Además este domingo 9 de noviembre, diversas organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos realizaron manifestaciones en distintas ciudades del país, exigiendo avances en la investigación y justicia para la activista mapuche.
Al respecto la organización declaró que “solo la unidad, la movilización y presión de la ciudadanía organizada, movimientos sociales y comunidades de pueblos originarios harán posible la verdad, justicia y castigo para los responsables y encubridores de este crimen contra una mujer mapuche, dirigenta y defensora de la naturaleza”
Felipe Rodríguez de la Agrupación Providencia, opinó al respecto que: “se transmite la idea de que el derecho a la propiedad privada de los empresarios está por sobre cualquier otro derecho de las comunidades que efectivamente cuidan, respetan y luchan por la defensa del territorio. Pero pareciera que el Estado prefiere garantizar el derecho a la propiedad privada frente a cualquier otro derecho de las comunidades.”
Julia Chuñil, presidenta de la Comunidad Mapuche Putreguel, desapareció junto a su perro Cholito el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, tras haber denunciado amenazas de muerte por parte de Morstadt. Sostienen que la desaparición ocurrió luego de que su comunidad recuperara 900 hectáreas de tierras ancestrales, las cuales posteriormente fueron entregadas por la CONADI al empresario Morstadt, quien mantiene una amplia influencia política y económica en la región.
En las últimas semanas, audios filtrados reforzaron las sospechas en torno al empresario. En una de las grabaciones, Juan Carlos Morstadt habría afirmado que a Julia “la quemaron”, lo que coincide con la hipótesis que la familia sostiene desde el inicio de la investigación.
Por ahora, la Fiscalía no ha informado una fecha para la reanudación de la audiencia suspendida, mientras la familia y las comunidades mapuche exigen celeridad, verdad y justicia en uno de los casos más emblemáticos de violencia hacia defensoras ambientales e indígenas en el sur del país.


