El Séptimo Juzgado Civil de Santiago ordenó a los herederos del exdictador Augusto Pinochet restituir 16,2 millones de dólares al Estado de Chile, en el marco del caso Riggs. El fallo, de primera instancia, acoge la demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que buscaba recuperar parte de los fondos públicos malversados por el régimen cívico militar entre 1973 y 1990. Entre los demandados figuran los descendientes del excomandante en jefe del Ejército y su fallecida esposa, Lucía Hiriart.
La resolución se produce siete años después de que el CDE iniciara la acción civil, tras el cierre de la arista penal del caso en 2018, que determinó que al menos 17,8 millones de dólares de la fortuna de Pinochet tenían un origen ilícito. De ese monto, solo 1,6 millones fueron decomisados en su oportunidad.
El tribunal señala que la restitución ordenada corresponde a la parte del patrimonio ilegal no incautado. “Se encuentra acreditado que incurrió en conductas que importaron sustracción de caudales públicos”, sostiene el fallo, destacando que los fondos provenían de gastos reservados asignados a la Presidencia, la Casa Militar y la Comandancia en Jefe del Ejército.
El presidente del CDE, Raúl Letelier, celebró el fallo: “Esta demanda forma parte de un conjunto de acciones para reparar los exorbitantes perjuicios ocasionados por la malversación de fondos públicos cometida por Pinochet y sus colaboradores”.
El caso Riggs, revelado en 2004 tras una investigación del Senado de Estados Unidos, destapó una trama de cuentas secretas que el dictador mantuvo bajo nombres falsos en el extinto Riggs Bank. El fallo podría ser apelado por los herederos, en medio de una disputa familiar por la herencia de propiedades y bienes del exdictador.

