Por Redacción 
En su primer año de vigencia, el Royalty Minero ha superado con creces las proyecciones, logrando una recaudación histórica superior a los US$1.550 millones. El senador Esteban Velásquez, autor de la iniciativa que comenzó a impulsar en 2018, destacó este hito como un paso decisivo hacia una mayor justicia territorial, al redistribuir la riqueza generada por la gran minería hacia las regiones productoras y las comunas más vulnerables del país.
Promulgada en agosto de 2023 y en aplicación desde enero de 2024, la Ley 21.591 establece un nuevo régimen tributario para los grandes productores de cobre, que contempla un componente ad valorem del 1% sobre las ventas anuales y otro sobre el margen operacional, con tasas que fluctúan entre el 8% y el 26%. Esta estructura permitió una recaudación que superó todas las expectativas iniciales, generando ingresos clave para el desarrollo local.
Velásquez subrayó que, pese a las advertencias de algunos sectores de la industria sobre un eventual freno a la inversión, esta se ha mantenido firme y los buenos precios del cobre han contribuido a sostener la actividad del rubro bajo el nuevo marco tributario.
«Durante el extenso proceso legislativo, representantes de la industria minera vaticinaron graves consecuencias, desde pérdida de competitividad y freno a las inversiones, hasta cierre de operaciones y despidos masivos. Sin embargo, no se han materializado estos escenarios», sostuvo el legislador.
Los recursos recaudados se distribuyen a través de tres fondos principales:
Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo (FRPD): Dirigido a financiar proyectos de inversión productiva, desarrollo regional e investigación científica y tecnológica.
Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial (FET): Destinado a compensar las brechas presupuestarias entre municipios, beneficiando a las comunas más vulnerables y dependientes del Fondo Común Municipal.
Fondo de Comunas Mineras (FCMI): Enfocado en compensar las externalidades negativas de la minería, entregando recursos de libre disposición a municipios en regiones mineras.
En 2024 se adelantaron parte de los recursos que se repartirán desde 2025, destinando US$79 millones al Fondo Común Municipal y US$25 millones al FCMI. Además, se entregaron US$20 millones a los Gobiernos Regionales a través del FRPD, financiando 72 proyectos en instituciones como INDAP, CORFO, FOSIS y universidades.
El senador Velásquez ha enfatizado la importancia de una gestión transparente y eficiente de estos recursos, instando a las autoridades locales a invertir en obras que beneficien directamente a la ciudadanía y eviten actos de corrupción.
«Hay que atreverse a grandes infraestructuras para la región», señaló, proponiendo inversiones en autopistas y carreteras estatales.
Con la implementación del Royalty Minero, se ha avanzado de forma concreta hacia una distribución más justa de la riqueza derivada de los recursos naturales, otorgando beneficios directos a las comunidades que, durante décadas, han asumido los costos sociales y ambientales de la actividad minera sin una retribución proporcional.
Juan José Córdova Henríquez