Por Diego Juica Chavarría 
Antofagasta sigue golpeada por una ola de delitos que no da tregua. Robos con violencia, hurtos, daños a locales comerciales y un fuerte aumento en los delitos cometidos con armas tienen a la comunidad en alerta, mientras la sensación de inseguridad alcanza niveles históricos. Sin embargo, mientras se discute sobre cifras y estrategias de seguridad, hay una parte de la población que está enfrentando otro tipo de violencia: la del prejuicio.
Se trata de quienes viven en campamentos, muchas veces migrantes o familias chilenas que no han podido acceder a una vivienda formal. En medio del debate por el aumento de la delincuencia, estos sectores han sido apuntados sin pruebas como focos de criminalidad, cargando con un estigma que, según sus propias dirigencias, se arrastra desde hace años.
Cifras que preocupan y que estigmatizan
Según los últimos datos disponibles del año 2025, el costo asociado a la seguridad en la región de Antofagasta alcanzó los 238,8 millones de dólares (más de 214 mil millones de pesos), con un alza del 5,8 % respecto al año anterior. Este aumento se relaciona directamente con el incremento de delitos como hurtos (27,5 %), daños materiales (25 %) y hurto hormiga (24,1 %).
En el comercio, la situación es crítica: la victimización pasó de un 48,4 % en el primer semestre de 2024 a un 62,1 % en el segundo semestre, una cifra que se traduce en más pérdidas, mayor inversión en seguridad privada y, sobre todo, más miedo.
Los robos con violencia aumentaron en un 18,6 %, y los delitos cometidos con armas de fuego o armas blancas crecieron un preocupante 134 %. La percepción de inseguridad también ha escalado: el 90,6 % de la población se siente insegura en su propia ciudad.
Elizabeth Andrade es dirigenta del campamento Los Arenales, uno de los más grandes y organizados de Antofagasta. Desde su experiencia en terreno, denuncia la carga injusta que recae sobre sus vecinos cada vez que se habla de seguridad.
“La percepción pública que vincula el aumento de la delincuencia con la gente del campamento ha sido siempre. Desde el 2016 o 2017, cuando creció la cantidad de campamentos, salió un reportaje sobre sicarios y se apuntó directamente a nosotros, a Los Arenales. Después tuvieron que pedir disculpas, pero el daño ya estaba hecho”, recuerda Andrade.
Desde entonces, asegura, la estigmatización ha sido constante, especialmente alimentada por ciertos medios de comunicación y discursos públicos que vinculan pobreza, migración y criminalidad.
“Obviamente que las vecinas se sienten incómodas y mal por estos procesos, pero a la vez las motiva para seguir organizándose y seguir demostrando que somos lo contrario. No negamos que pueda haber delincuencia, pero eso pasa en todo Chile. No es una excepción que ocurra en un campamento”, aclara.
Para Andrade, esta criminalización muchas veces va de la mano con el racismo y la xenofobia:
“La prensa amarilla ha estigmatizado los campamentos como forma de criticar la migración. Hablan de migrantes negros, prostitutas, traficantes… pero también hay familias afrodescendientes que vienen a trabajar, a estudiar, a construir una vida mejor. No es justo que nos metan a todos en el mismo saco”, agrega.
Organización, no delincuencia
Desde Luis Urzúa 9196, dirección de la sede de Los Arenales, Elizabeth y otros dirigentes invitan a las autoridades, a los medios y a la comunidad a conocer el trabajo que realizan: proyectos comunitarios, ollas comunes, escuelas populares, comités de vivienda.
“Tenemos redes sociales, Facebook e Instagram como ‘Los Arenales Rompiendo Barreras’, y ahí mostramos todo lo que hacemos. Somos parte de la ciudad, y queremos ser parte de la solución, no el chivo expiatorio del miedo”, cierra.
En un contexto donde la seguridad es prioridad para toda la comunidad antofagastina, el desafío no puede quedarse solo en aumentar el gasto o endurecer las penas. También se necesita un cambio profundo en el discurso: uno que entienda que no hay paz sin justicia social, ni seguridad sin dignidad para todos los que habitan esta tierra.
Redacción 
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