Por Silvia Ascueta Chirino 
Durante su reciente visita a Antofagasta, la Ministra de Obras Públicas, Jessica López, se refirió a la crítica situación que enfrenta el Hospital Regional, el principal centro de salud de la región.
En declaraciones a la prensa, la secretaria de Estado afirmó que el contrato con la concesionaria Salud Siglo XXI -responsable de la infraestructura hospitalaria y diversos servicios- no será terminado de forma anticipada, pese a las constantes fallas que han afectado el funcionamiento del recinto. Estas declaraciones han generado variadas reacciones en el ámbito político local, donde persisten las críticas ante la falta de soluciones concretas a los problemas estructurales del hospital.
Paula Celís (PDG), consejera regional y presidenta de la Comisión de Sociedad Civil y Participación Ciudadana del órgano colegiado, expresó su descontento con las declaraciones de López. “En la salud pública no podemos seguir aguantando un servicio que no funciona», afirmó.
«Si un contrato no cumple con las expectativas ni con los estándares mínimos de atención, debe reevaluarse, tal como sucede en el mundo privado. No se puede responder que no se hará nada, ante un claro mal servicio. La salud de las personas es lo primero”, agregó.
Por su parte, Luis Payero (PS), consejero regional e integrante de la Comisión de Salud y Medio Ambiente, respaldó la afirmación de la Ministra López. “Existe un marco operativo y legal para no dar término anticipado, lo que tenemos que hacer es buscar la solución más rápida para los problemas de infraestructura del hospital”, precisó.
Sin embargo, añadió que “este hospital está a cargo de dar resolutividad a miles de usuarios todos los días y debe seguir operando en un escenario que lo permita”.
Finalmente, la concejala de Antofagasta, Norma Leiva (PS), manifestó su descontento ante la situación que aqueja al recinto médico.
“No puedo aceptar que la salud de nuestros vecinos siga dependiendo de los tiempos de una concesionaria que ha demostrado no estar a la altura. La salud pública no puede estar sujeta a intereses privados”, enfatizó.
“Exijo que el Estado intervenga con urgencia y garantice condiciones dignas para usuarios y trabajadores. La vida de las personas debe estar por encima de cualquier contrato”, concluyó.
Redacción