El exdirector de Enami, Patricio Céspedes Guzmán, presentó su renuncia al cargo de jefe de gabinete de la alcaldesa de Sierra Gorda, Adriana Rivera, luego de la publicación de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) que reveló millonarios pagos a empresas vinculadas a su familia.
Según el documento, la Empresa Nacional de Minería (Enami) desembolsó $10.444 millones a proveedores relacionados con familiares de Céspedes, mientras el personero ejercía cargos directivos en la empresa estatal.
Céspedes ocupó el cargo de director de Enami por más de 12 años, en representación de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), organismo del cual también fue vicepresidente.
Fuentes del municipio de Sierra Gorda indicaron que su decisión de dimitir responde a la intención de enfocarse en el escenario judicial que podría enfrentar tras la auditoría.
La Contraloría remitió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), que evaluarán posibles responsabilidades legales del exfuncionario.
Cabe destacar que el informe de 78 páginas de Contraloría, que analiza los proyectos adjudicados en 2022 a productores mineros a través del programa de fomento minero de Enami, señala que las empresas Quimurco Minera Limitada, Minera Troyano Limitada y Sonda Mines SpA, recibieron pagos desde 2018 hasta agosto de 2022, periodo en el cual Céspedes estuvo al frente de la empresa estatal.
Estas empresas estarían relacionadas con su cuñada, sobrinos e incluso su hija, pero esas relaciones no fueron informadas en las declaraciones de intereses de Céspedes, tal como lo exige la ley.
Céspedes habría incumplido las disposiciones de la Ley N° 19.886 sobre contratos administrativos, que prohíbe este tipo de vínculos. Según el informe de la Contraloría, los pagos a estas empresas ascendieron a un total de $10.444.893.786.