La privatización del agua en Chile: Un modelo insostenible

Por MODATIMA ANTOFAGASTA

El agua es un elemento esencial para la vida humana y el desarrollo de los ecosistemas. Durante las últimas cuatro décadas, a través del Código de Aguas, Chile regula el uso, aprovechamiento y conservación de los recursos hídricos en el país. Este fue aprobado en 1981 durante la dictadura de Augusto Pinochet y ha sido objeto de múltiples reformas, siendo la más reciente en 2022. Co el Código de Aguas y la promulgación de leyes que favorecen su privatización, este recurso vital se convirtió en una mercancía más dentro de un mercado que, lejos de garantizar el acceso equitativo y sostenible al agua, ha generado una concentración de derechos y una crisis hídrica sin precedentes.

Una de las reformas más significativas en la legislación chilena fue la entrega de derechos de agua a manos privadas, bajo un modelo que otorga derechos gratuitos y perpetuos. En Chile, el 90% de los derechos de aprovechamiento de agua ya están en manos de privados, lo que ha llevado a una concentración de este recurso en pocas manos. Estos derechos, otorgados de manera indefinida, han permitido que grandes empresas y grupos de interés accedan al agua sin tener que preocuparse por su agotamiento inmediato. Esta estructura crea una desigualdad fundamental: los privados controlan el acceso al agua, mientras que las comunidades, especialmente aquellas en zonas rurales y agrícolas, luchan por acceder a un recurso que se les ha despojado.

Una de las más perjudiciales implementadas fue la declaración del agua como un bien económico, permitiendo su compra, venta y arriendo. Este cambio transformó el agua de un derecho humano y un bien público a una mercancía que puede ser negociada en un mercado. Al permitir que se compre y se venda, se establece un sistema en el que el acceso al agua ya no depende de su necesidad o de su equidad, sino de la capacidad económica para adquirirla. El agua, en este contexto, se convierte en un recurso codiciado y especulativo, donde aquellos con mayor poder económico tienen mayores posibilidades de acceder a él, mientras que los sectores más vulnerables quedan excluidos.

Otro aspecto clave de este proceso es la desvinculación del agua del territorio, lo que significa que los derechos de agua ya no están necesariamente ligados a la propiedad de la tierra. Esta separación facilita aún más la mercantilización del agua, permitiendo que los derechos sean comprados y vendidos independientemente de su origen. Esto, lejos de garantizar un uso responsable y equitativo, ha incrementado la especulación con el recurso, donde se prioriza el lucro sobre el bienestar de las comunidades y el medio ambiente.

El Código de Aguas ha tenido efectos devastadores sobre la gestión del recurso hídrico en Chile. Uno de los problemas más graves es el sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento: actualmente se han otorgado más derechos que agua disponible. Este desequilibrio ha provocado una grave escasez en muchas cuencas hidrográficas del país, lo que agrava la crisis hídrica y aumenta la competencia por el recurso. En particular, sectores como la agricultura, la minería, la energía y la industria han intensificado su demanda de agua, sobreexplotando el recurso y contribuyendo a su agotamiento.

Este sobreuso, combinado con la creciente crisis climática, ha acentuado la sequía que afecta a Chile desde hace varias décadas. La falta de políticas eficaces para regular el uso del agua ha acelerado este proceso, poniendo en peligro la seguridad hídrica del país.

Concentración de Derechos de Agua

Chile es el único país en el mundo cuya constitución establece expresamente la propiedad privada sobre el agua. Esto ha permitido que el recurso se concentre en manos de unos pocos, lo que incrementa la desigualdad en el acceso al agua. Las grandes empresas, muchas veces transnacionales, controlan gran parte de los derechos de agua, mientras que los ciudadanos comunes quedan al margen de este recurso esencial. Esta concentración no solo afecta a la población más vulnerable, sino que también pone en riesgo el futuro de la biodiversidad y de las comunidades que dependen del agua para su subsistencia.

La privatización del agua ha creado un mercado que genera grandes ganancias para aquellos que controlan los derechos de agua. Las transacciones de agua en este mercado han alcanzado cifras multimillonarias, sin que haya un beneficio real para las comunidades que más lo necesitan. En lugar de utilizar el agua para el beneficio colectivo, el recurso se ha convertido en una mercancía que se compra y se vende a precios elevados.

Además, las empresas que gestionan el agua en Chile, especialmente las sanitarias, han reportado enormes ganancias en comparación con las inversiones realizadas. A pesar de que las tarifas del agua en Chile son de las más altas de América del Sur, el servicio sigue siendo deficiente en muchas zonas, lo que genera una gran insatisfacción entre la población.

La crisis del agua en Chile es un reflejo de un modelo económico que ha priorizado los intereses privados sobre el bienestar público. La privatización, mercantilización y concentración de derechos de agua han tenido un impacto negativo en la justicia social y ambiental. Si bien el modelo ha generado ganancias para unos pocos, ha profundizado las desigualdades y ha exacerbado la crisis hídrica que enfrenta el país.

Desde nuestra mirada, el agua no puede seguir siendo un bien transable en el mercado. Es necesario avanzar hacia un modelo de gestión pública y comunitaria que garantice su acceso equitativo y sustentable. Para esto se debe declarar al agua como un bien público, eliminando los derechos de aprovechamiento privados y estableciendo una administración estatal con participación comunitaria, favoreciendo la gestión democrática y popular: Así representantes del Estado, comunidades indígenas, pequeños agricultores y organizaciones medioambientales, deben trabajar en conjunto por una gestión descentralizada y equitativa.

Solo así podremos priorizar el bienestar social y ambiental sobre intereses privados, garantizando el acceso equitativo y sostenible de este recurso vital.