Por Fernando San Román 
La realidad de las pensiones en Chile es una vergüenza que debe ser enfrentada con determinación. Mientras millones de chilenos y chilenas reciben montos que apenas les permiten sobrevivir, los defensores de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), principalmente desde la derecha política, insisten en bloquear cualquier intento de reforma estructural que introduzca un componente de solidaridad en el sistema. ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo este atropello?
Según datos de la Fundación Sol correspondientes al año 2023, las cifras no pueden ser más alarmantes: Del stock total de pensiones pagadas, que corresponde a 1.179.533, el 50 % de las personas recibe una pensión autofinanciada menor o igual a $185.418. En el caso de las mujeres, la mitad de las 538.837 pensionadas por vejez, recibe menos de $151 mil como pensión autofinanciada. La pensión mediana aumenta a $232 mil al considerar los subsidios estatales. ¿Cómo puede alguien mirar estas cifras y seguir defendiendo un modelo que condena a los adultos mayores a la pobreza?
La respuesta está en los intereses creados. Las AFP han construido un negocio multimillonario a costa de los ahorros de los trabajadores. Cada mes, estas entidades recaudan miles de millones de pesos en comisiones, independientemente de si los fondos generan ganancias o pérdidas. Este modelo extractivo cuenta con un sólido respaldo, principalmente de sectores de derecha, que han demostrado estar dispuestos a sacrificar el bienestar de los jubilados para proteger los intereses de grandes grupos económicos.
Lo más indignante es el uso descarado de los recursos de los mismos cotizantes para defender este sistema fallido. Según un informe de Fast Check, las AFP gastaron más de 11 mil millones de pesos en publicidad durante 2024. Estos recursos, provenientes de las comisiones que pagan los trabajadores, se destinaron a campañas mediáticas diseñadas para sembrar miedo y confusión en torno a cualquier reforma que amenace sus privilegios. Es decir, el dinero de los cotizantes no se utiliza para mejorar sus pensiones, sino para perpetuar un modelo que los condena a la pobreza.
La negativa de la derecha a incorporar solidaridad en el sistema de pensiones es el reflejo más claro de su indiferencia hacia la realidad de las mayorías. La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, lo expresó claramente esta semana al responder a las críticas de las AFP: “Es inaceptable que un sistema que ha demostrado su fracaso siga siendo defendido con argumentos vacíos que buscan perpetuar la desigualdad”.
Sin embargo, la resistencia de la derecha y de las AFP no cede. Representantes de este sector han argumentado que un componente solidario es una forma de “expropiación” de los ahorros de los trabajadores. Este discurso es no solo engañoso, sino también deshonesto. Incorporar solidaridad no significa quitarle a unos para darle a otros, sino garantizar que ningún chileno quede desamparado en su vejez. Es un acto de justicia social, no de caridad.
La situación actual es insostenible, y el tiempo para actuar es ahora. No podemos permitir que los jubilados sigan cargando con las consecuencias de un sistema injusto. La introducción de un componente solidario en el sistema de pensiones es una medida necesaria, justa y urgente. El discurso de la derecha y las AFP no puede seguir paralizando las reformas que Chile necesita.
Cada día que pasa sin un cambio en el sistema de pensiones es un día más de miseria para los adultos mayores. Es hora de terminar con los privilegios de las AFP y construir un modelo que garantice pensiones dignas para todos. La solidaridad no es una opción, es una obligación moral que debemos asumir como sociedad.
Rodrigo Suárez Madariaga 
Felipe Flores Toledo