Hace cuarenta y tantos días que no tenemos a Julia Chuñil Catricura. Ahora tenemos historias de su lucha por la defensa del bosque nativo en Máfil y un historial de amedrentamientos.
En 2018, un empresario local habría amenazado a Julia en el marco de una disputa de tierras. Ella misma habría expresado a su familia que sentía miedo y advertido sobre un posible ataque en su contra.
Según el presidente de la Fundación Escazú Ahora, alrededor de 20 defensores ambientales han sido víctimas de amenazas u otros actos de hostigamiento en lo que va de 2024. Esto evidencia una práctica instalada en nuestro país para lidiar con quienes defienden la naturaleza. Entonces, cabe preguntarse: ¿cuáles han sido los avances en la implementación del Acuerdo de Escazú?
En 2022, Chile se convirtió en uno de los 16 Estados Parte del Acuerdo de Escazú. A partir de ello, el gobierno inició una rápida carrera para cumplir con sus compromisos, que a la vez, eran una sentida demanda ciudadana que acogió la campaña presidencial. En abril de este año, Chile se posicionó como el primer país en contar con un plan de implementación del acuerdo, el cual fue aprobado por el Comité de Ministros previo en la COP3 realizada en Santiago. En dicha instancia nuestro país no solo lució su Protocolo para la Protección de Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales, sino que también, junto a Ecuador y San Cristóbal y Nieves consiguieron la aprobación de un plan de acción regional para la protección de los defensores ambientales. Estos hechos denotan el liderazgo de Chile en esta materia.
El Acuerdo de Escazú es un tratado regional, ambiental y de derechos humanos considerado pionero por sus disposiciones para la protección de los defensores ambientales. Al ser vinculante, obliga a los Estados parte a adoptar medidas para fortalecer los derechos de acceso en asuntos ambientales, equilibrando la balanza entre las organizaciones de la sociedad civil y los intereses económicos que suelen cooptar los medios de comunicación, las instituciones públicas e incluso los operadores de justicia. Por esto, Escazú está destinado a ser una herramienta clave en las luchas ambientales, las que hasta ahora se caracterizan por el escenario desigual que afrontan las comunidades.
El problema es que, en Chile, el Acuerdo de Escazú es en gran parte solo papel. La escasa efectividad y coordinación para actuar ante ataques contra defensores ambientales pone en entredicho la voluntad política y la eficacia de las políticas públicas asociadas, que hasta ahora parecen limitarse a un cumplimiento formal de las obligaciones internacionales, pero sin impactos en la seguridad de los defensores. Escazú no puede quedarse como un simple símbolo.
Escazú tiene que ser la tijera que corte con el ciclo de violencia que se ha concentrado en los defensores durante las últimas décadas. Una real coordinación entre Estado y sociedad civil contra la impunidad que rodea los “misteriosos” casos de violencia en contra de defensores y defensoras ambientales en nuestro país. Debemos cortar para dejar de lamentar nuevas y trágicas crónicas anunciadas como la de Julia Chuñil Catricura, por lo que se requiere dinamizar el proceso de creación de una ley específica que considere agravar las penas para quienes atacan a quienes defienden los ecosistemas y con ello la vida digna.