Prevención en retirada: VIH y el costo de ajustar donde más duele

Hay decisiones que no parecen graves. No generan titulares estridentes ni provocan protestas inmediatas, pero dejan consecuencias. Reducir o debilitar programas de prevención del VIH puede parecer, a simple vista, un ajuste más dentro de una plantilla, un movimiento técnico, un número que baja para equilibrar otro que sube. Sin embargo, en salud pública los recortes rara vez son neutros, y en este caso, mucho menos.

El VIH no es un problema lejano ni contenido, está presente y tiene un impacto concreto. En Chile, cerca del 70% de los nuevos casos se concentra en personas entre 29 y 39 años, según datos del Ministerio de Salud. Se trata de población joven, en plena edad productiva, que en muchos casos recibe el diagnóstico en etapas avanzadas, lo que evidencia fallas persistentes en la detección oportuna y, por extensión, en las estrategias de prevención.

Pero el VIH no ocurre en el vacío, está profundamente vinculado a las condiciones sociales en las que viven las personas. En la región de Antofagasta, esa relación se vuelve evidente. De acuerdo con la encuesta CASEN, la pobreza por ingresos alcanza un 16,4%, mientras que la pobreza multidimensional llega al 17,3%. Detrás de esos porcentajes hay más de cien mil personas que enfrentan dificultades de acceso a salud, educación y condiciones básicas de bienestar. En ese contexto, la prevención deja de ser un complemento y pasa a ser una herramienta esencial.

La discusión sobre recortes suele instalarse en términos de eficiencia, priorización y responsabilidad fiscal. Son conceptos válidos, pero incompletos si no se consideran sus efectos en áreas sensibles. La prevención del VIH no es un gasto accesorio: es una de las principales barreras frente al contagio, especialmente para quienes no cuentan con acceso oportuno a información, testeo o atención continua. Reducir su alcance no elimina el problema, sino que lo desplaza y lo agrava.

A esto se suma que el VIH implica un tratamiento de por vida, con costos sostenidos para el sistema de salud. Desde esa perspectiva, la prevención no solo es más efectiva en términos sanitarios, sino también más eficiente en términos económicos. Sin embargo, el problema no es únicamente financiero. En regiones como Antofagasta, la vulnerabilidad no se limita a quienes están bajo la línea de pobreza. Existe una amplia población de clase media que depende, en distintos grados, de políticas públicas para sostener su estabilidad. Basta una crisis o una barrera de acceso para que esa estabilidad se vea comprometida.

En ese escenario, las políticas públicas no operan en abstracto. Su alcance -o debilitamiento- tiene efectos concretos sobre la vida de las personas. Por eso, la discusión de fondo no debería centrarse únicamente en cuánto se ajusta, sino en dónde se decide hacerlo y con qué consecuencias. Reducir la prevención en una región con alta incidencia de VIH no es solo una contradicción técnica, sino una decisión que tensiona el sentido mismo de las políticas sanitarias.

El costo, en ese contexto, no se mide únicamente en cifras presupuestarias, sino en aquello que se deja de prevenir y en las consecuencias que, tarde o temprano, terminan por aparecer.

Por Rosario Sardi Aguilera