Por Nicolás Rivera y Valeria Ríos
Tras revelarse el estratosférico sueldo de Marcela Cubillos, que asciende a 17 millones de pesos, una serie de manifestaciones se tomaron la Universidad San Sebastián, con consignas como “Hay 17 millones sin trabajar y nosotros sin almorzar”, exponiendo una problemática general en la educación superior: los recursos están, pero no para el estudiantado. Hoy, la situación se repite en la Universidad Católica del Norte (UCN), donde el cierre del jardín infantil Taqinki dejó en evidencia una serie de irregularidades que culminaron en la toma del Campus Angamos de dicha casa de estudios.
El cierre del jardín Taqinki
La entidad universitaria anunció la no renovación de las matrículas del próximo año debido al cierre del jardín, decisión que no se comunicó hasta octubre, al filo del cierre de las postulaciones a los jardines infantiles, a pesar del complejo panorama de las listas de esperas en la región. Si bien la razón del cierre según la institución de educación superior es que “la continuidad de Taquinki requiere de inversiones y mantenciones que la universidad no está en condiciones de solventar en el corto y mediano plazo”, esto no se ajusta a lo que observa la comunidad universitaria.
Inicialmente, frente a la negativa de la comunidad estudiantil y de las principales afectadas, las madres que quedarán sin educación para sus hijos, la respuesta de las autoridades fue ofrecer un bono de 50 mil pesos. Esta medida se suma a la restricción de varios beneficios, consecuencia de la crisis económica que atraviesa la universidad.
En verano de este año la institución de educación superior desvinculó a cerca de 50 funcionarios con la excusa de que la casa de estudios se encontraba en un déficit financiero. Ya en septiembre del año pasado la Federación de Estudiantes de la UCN (FEUCN) denunciaba el gasto injustificado de 7 millones de pesos, mientras que la Dirección General Estudiantil (DGE) respondió que “ratones se comieron el comprobante”. La situación generó una paralización que la universidad no escuchó, pues arrastra el problema de la falta de transparencia hasta hoy.
A pesar de que los aranceles de la universidad están constantemente subiendo, cada vez se observa un mayor detrimento en los beneficios estudiantiles, en la infraestructura, la seguridad y el bienestar físico y psicológico de las y los estudiantes. Camilo Neira Chancay, presidente del Sindicato de trabajadores N°1 de la UCN, declaró que la universidad recibe alrededor de 75 mil millones al año en recursos, dinero que nadie sabe cómo se invierte, debido a que la casa de estudios no publica sus Balances de Gestión Anual desde 2019. Mientras tanto, estudiantes y funcionarios no académicos se ven obligados a enfrentar las carencias de una universidad que se jacta de su “excelencia”.
Actualmente la universidad carece de protocolos de emergencia o personal capacitado para realizar primeros auxilios en caso de ocurrir una emergencia médica, lo que podría afectar tanto a estudiantes como funcionarios. En julio de este año en la Universidad de Concepción falleció una alumna de derecho dentro de las dependencias debido a esta problemática.
Otro ejemplo es la precariedad de los hogares universitarios. David Núñez, tesorero del Hogar Rubén Bustos Lynch, declaró: “sentimos cierto abandono del hogar”, añadiendo que las instalaciones están en muy mal estado, expresando que “la gente misma nos dice que pareciera un edificio abandonado”. Por otro lado, Ignacio Aguilera, vicepresidente del mismo hogar, comentó que “el principal miedo es que si ya se están cortando beneficios de forma generalizada en la universidad, que pueda ocurrir que los hogares sean cerrados”. A esto se añade también la falta de inversión en equipamientos, bibliotecas actualizadas y softwares exigido a los estudiantes, aún cuando muchos de estos ofrecen tarifas económicas para que las instituciones puedan ofrecer los programas a los alumnos.
Es en este contexto que en el Senado se presentó un proyecto que busca obligar a las universidades y Centros de Formación Técnica (CFT) a transparentar sus gastos y contrataciones. Proyecto que tuvo un apoyo transversal en el espectro político, recibiendo respaldo desde el Partido Comunista (PC) hasta la Unión Demócrata Independiente (UDI). Sin embargo, llama la atención la poca disposición de la universidad de efectivamente transparentar, por voluntad propia, cómo es que se están invirtiendo los recursos que recibe tanto del Estado como de estudiantes que cada vez deben pagar más por menos.
La verdad, la responsabilidad social, la excelencia y el humanismo cristiano suponen bases fundamentales de lo que la UCN espera de los estudiantes egresados. Sin embargo, ¿dónde está la responsabilidad social de la universidad? ¿Dónde está su excelencia y humanismo cristiano? Y, en definitiva, ¿dónde está la plata?