Según el concejal, las acusaciones que enfrenta el alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, actualmente bajo investigación por parte del Tribunal Electoral (TER) y la fiscalía, son tan graves que, independientemente de si es reelecto o no en las próximas elecciones, resulta muy difícil que pueda continuar en el cargo.
En entrevista con el programa Portada Regional de Radio Nuevo Norte y Diario Regionalista, el concejal de la municipalidad de Antofagasta, Waldo Valderrama, se refirió al complejo momento que atraviesa el jefe comunal, advirtiendo que es muy poco probable que pueda continuar en el cargo.
Sobre el estado actual de la acusación que se ventila en el Tribunal Electoral Regional, Valderrama informó que ya concluyó la presentación de testigos y pruebas. «La defensa de Jonathan Velásquez presentó tarde unos documentos que no fueron aceptados por el tribunal por extemporáneos. Ahora el Tribunal Electoral debe resolver con todos los antecedentes», explicó.
«Lo que yo veo es que el alcalde hoy día no tiene futuro en la municipalidad. La acusación es tan contundente que veo muy difícil una continuidad de Jonathan Velásquez, salga o no salga reelecto. Entonces, realmente hay una encrucijada bastante importante que deben tener como antecedente los antofagastinos y antofagastinas», precisó.
Sobre las acusaciones que pesan sobre el alcalde Velásquez, el concejal PC afirmó que «con un solo antecedente es suficiente y que es la famosa situación que se vivió en el festival 2023 y que hoy día está en la fiscalía, a solicitud de la Contraloría General de la República que envió los antecedentes a la fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado, por la gravedad de los hechos».
Valderrama indicó que hay «un nivel que se puede sospechar claramente de corrupción, donde el alcalde Jonathan Velásquez decide a dedo, literalmente a dedo, obviando cualquier tipo de cotización mediante, definir qué empresa va a hacer el festival con 700 millones de pesos. Sin concurso, de forma directa. Además, no presenta garantías, se le paga anticipado, se le perdonan las multas y lo que queda de las multas además se hace un convenio que no tiene ninguna base en la normativa actual».
«Además, el año 2024 intenta hacer exactamente lo mismo. Entonces hay una actitud, una intencionalidad en lo que hace frente a eso. Y la fiscalía debería revisar esa intencionalidad para buscar un posible delito de corrupción», concluyó.