Una grave negligencia de la Policía de Investigaciones (PDI) ha empañado el proceso judicial contra nueve excadetes de Cobreloa acusados de violación, tras la pérdida de una prueba material clave: el vestido de la víctima utilizado el día de los hechos, en septiembre de 2021. Este hecho ha provocado la reacción de la Contraloría General de la República y la apertura de procesos administrativos y penales, en un caso que ha puesto en entredicho la actuación de la policía.
Según un reportaje de La Tercera, el vestido, que debía ser resguardado para realizar peritajes fundamentales, desapareció bajo custodia policial y fue reportado como perdido semanas después de las formalizaciones de los sospechosos en mayo de este año. La pérdida de esta prueba esencial ha entorpecido la investigación y ha generado dudas sobre el manejo de evidencias por parte de la PDI.
La PDI, lejos de asumir de inmediato la gravedad de su error, abrió un sumario interno recién el 29 de mayo para determinar responsabilidades, mientras que el Ministerio Público también inició una investigación penal sobre los hechos.
La Contraloría General de la República, por su parte, no se quedó atrás y ha iniciado su propio sumario para indagar la cadena de errores que llevaron a la pérdida de esta prueba. Este nuevo proceso busca esclarecer el negligente manejo de la prueba y evaluar las fallas administrativas en este caso.
Además, La Tercera reveló otro episodio que deja en evidencia la incompetencia de algunos funcionarios de la PDI: el intento de dos detectives de convencer a la víctima para que desistiera de su denuncia, un día después de presentarla. Ambos funcionarios fueron sancionados por «no haber acogido debidamente la denuncia», pero las medidas disciplinarias, aunque catalogadas como «severas», no parecen suficientes para corregir la conducta de una institución que ha fallado gravemente en su deber.
Patricia Muñoz, abogada de la víctima, criticó duramente el desempeño de la PDI: «La conducta de la Policía de Investigaciones refleja una manifiesta negligencia en el comportamiento y en el quehacer en relación con esta causa. Nos parece de la máxima gravedad lo que se está investigando y esperaremos que las sanciones se produzcan con la severidad necesaria».
Muñoz no descartó futuras acciones legales contra las instituciones involucradas: «Habrá que analizar en su momento acciones que, desde la perspectiva civil o administrativa, la víctima pudiera ejercer contra las instituciones que no han ejecutado las acciones que han debido en relación a sus obligaciones constitucionales y legales».