Columna | CAE: La deuda que hipotecó el futuro de una generación

Por Piero Chavera Rojas y Diego Rodríguez Cárdenas

El debate sobre la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) ha generado una profunda división en la esfera política y mediática. Los detractores de esta medida, en su mayoría representantes de la derecha, han calificado la condonación como «inmoral», una postura que exige una fundamentación racional y ética que aún no ha sido articulada de manera convincente en el debate público. Quienes defendemos esta medida podríamos devolver el calificativo, señalando que es «inmoral» no condonar una deuda que arrastra a miles de familias hacia la precariedad.

Desde el año 2010, Chile ha vivido diversas manifestaciones que han puesto en evidencia la crisis de financiamiento de la educación superior. Entre las más destacadas figuran la “Revolución Pingüina” de 2011, las protestas durante el primer mandato de Michelle Bachelet en 2014 y las movilizaciones en el segundo mandato de Sebastián Piñera. La condonación del CAE ha sido un tema recurrente en cada espacio de discusión política, hasta siendo objeto de debate en los dos últimos procesos constituyentes. En septiembre de 2024, el presidente Gabriel Boric anunció el ingreso de un proyecto de ley que busca condonar el CAE y establecer un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior en Chile.

Las razones para implementar un sistema de condonación del CAE están ancladas en problemas estructurales del sistema educativo chileno y en los vicios de origen de este tipo de endeudamiento. Para empezar, las tasas de interés del CAE son usureras, lo que obliga a los estudiantes a pagar mucho más de lo solicitado. Además, la falta de información clara para los deudores y las condiciones gravosas del crédito afectan desproporcionadamente a los sectores más vulnerables. Estas familias, muchas de bajos ingresos, se ven condenadas a una deuda intergeneracional que obstaculiza su progreso y limita las oportunidades para las futuras generaciones.

El sistema de financiamiento de la educación superior ha mostrado bajos índices de eficiencia, generando una crisis que afecta tanto a los estudiantes como al Estado. Aunque el foco mediático ha estado en las masivas movilizaciones estudiantiles, los efectos más profundos se sienten en los miles de jóvenes que arrastran deudas millonarias, muchas veces por carreras de dudosa calidad. La mercantilización de la educación ha transformado a los estudiantes en clientes y a las universidades en proveedores de servicios, distorsionando profundamente la esencia del derecho a la educación. Este fenómeno ha dejado claro que el sistema actual no solo es insostenible, sino que perpetúa las desigualdades sociales.

Desde una perspectiva económica, la condonación del CAE no es solo una política factible, sino también una inversión social que podría liberar recursos para otros sectores. Un alivio de la deuda permitiría a los egresados mejorar su calidad de vida, invertir en proyectos personales o simplemente aliviar la carga financiera que han arrastrado durante años. ¿Es realmente inmoral permitir que miles de personas que buscan mejorar sus condiciones de vida lo hagan sin el peso de una deuda injusta?

Mirando el panorama internacional, la condonación de la deuda estudiantil ha demostrado ser una política viable y necesaria en muchas sociedades contemporáneas. Gobiernos como el de Canadá no solo reconocen el impacto financiero directo en los deudores, sino que también entienden que reducir esta carga permite a las personas invertir en su futuro: adquirir vivienda, iniciar emprendimientos o simplemente mejorar su calidad de vida.

La propuesta de condonar el CAE no es perfecta, pero merece ser discutida de manera seria y técnica, sin caer en juicios morales apresurados. Lo que está en juego no es solo la deuda de miles de personas, sino el modelo educativo y social que queremos para el futuro de Chile. Un sistema que endeuda a sus estudiantes para acceder a la educación superior es un sistema que debe cambiar. Y ese cambio, más que una cuestión de moralidad es una cuestión de justicia.

La verdadera cuestión moral no debería centrarse en si es «justo» condonar las deudas, sino en cómo construir un sistema que permita a las personas acceder a la educación sin endeudarse de por vida. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar que la educación sea accesible, no solo como un derecho, sino como un vehículo de movilidad social que permita a todos avanzar. La deuda estudiantil en Chile ha demostrado ser un obstáculo insalvable para muchos, y su condonación sería un acto de justicia, no de indulgencia.

Criticar la medida sin presentar alternativas viables es simplemente perpetuar un sistema que ha fallado a una generación completa. La educación debería ser un derecho y no una mercancía que se pague con décadas de sacrificio. En lugar de descalificar moralmente una política que busca reparar las injusticias del pasado, deberíamos estar discutiendo cómo implementar una reforma que evite que futuros estudiantes caigan en la misma trampa del endeudamiento excesivo.

Con el reciente anuncio del presidente Boric sobre un proyecto de ley que condonará el CAE, muchos ven una luz al final del túnel. Sin embargo, los recuerdos de promesas incumplidas en gobiernos anteriores persisten. La posibilidad de crear un nuevo sistema de financiamiento, más equitativo y menos dependiente del endeudamiento, es una propuesta ambiciosa. Aun así, queda la duda de si este nuevo proyecto podrá superar los intereses creados por años de mercantilización o si será otra reforma atrapada en el vaivén político.

Además, esto no es solo una cuestión política o económica, sino que encuentra su fundamento en los principios consagrados en el Derecho Internacional (DD.II), específicamente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por Chile en 1972. Este instrumento, en su artículo 13, establece que los Estados deben avanzar hacia la gratuidad de la educación secundaria y superior. En este sentido, el Estado chileno, al haber suscrito el PIDESC, asume la obligación de avanzar hacia un sistema de educación superior en el que los obstáculos económicos no sean barreras.

Mantener el CAE sin reformas profundas contraviene este marco jurídico internacional. Perpetuar un sistema de endeudamiento estructural para acceder a la educación superior va en contra del principio de progresividad exigido por el PIDESC. Este principio obliga a los Estados a mejorar el acceso a los derechos sociales, prohibiendo cualquier retroceso en las condiciones ya alcanzadas.

A nivel comparativo, otros países han implementado políticas de condonación de deuda estudiantil —como nos referimos anteriormente con Canadá— o sistemas de financiamiento que eliminan las barreras económicas al acceso educativo. Los sistemas de financiamiento que sobrecargan a los sectores más vulnerables son contrarios a las normas de DD.II que Chile ha suscrito.

Condonar el CAE no es solo una decisión económica o política; es una declaración de principios sobre el país que queremos ser. Un país que entiende que la educación no es una mercancía, sino la base de la dignidad y el progreso. Es hora de liberar a miles de chilenos de una deuda injusta que los mantiene atrapados y dar un paso firme hacia un sistema que ofrezca oportunidades reales. Porque en el fondo, la condonación del CAE es más que una solución; es la llave que abre la puerta a un Chile más justo, más solidario, y verdaderamente comprometido con su gente y su futuro.

Piero Chavera Rojas es militante FA y Frente Amplio Estudiantil (FAE) – Titular Tribunal Regional
Antofagasta FA.

Diego Rodríguez Cárdenas es militante FA — Encargado Político del Frente Amplio Estudiantil Antofagasta.

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