¿Se justifica?: Aprueban más de 4 mil millones para carros lanza aguas y vehículos tácticos para Carabineros de Antofagasta y Calama

Archivo de represión policial en Antofagasta tras movilizaciones del estallido social.

El Consejo Regional de Antofagasta (CORE) aprobó por mayoría la adquisición de vehículos tácticos destinados a fortalecer la capacidad operativa de Carabineros en la región de Antofagasta.

La iniciativa se encuentra dentro de un convenio de programación que tiene una extensión de 5 años (2021-2025), por un monto total de $52.708 millones, en donde el 60% es un aporte sectorial de la institución y el 40% corresponde al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.).

Cabe recordar que este convenio, que incluye la compra de vehículos para el control del orden público y la represión de protestas sociales, había estado en medio de la polémica en una primera aprobación en abril de 2021. En dicha oportunidad la iniciativa fue aprobada, pero con los votos en contra de los -en ese entonces- consejeros regionales Ricardo Díaz, María Ramírez, Andrea Merino, Sandra Pastenes y Patricio Tapia (Pinchando aquí puedes leer la noticia sobre esa polémica aprobación).

Tras esta aprobación, el Gobernador Regional, Ricardo Díaz Cortés, afirmó que espera «que se use con prudencia. Esperamos que se use con un sentido de respeto a los derechos humanos».

Por su parte, el General de Carabineros de la Región, Cristian Montre Soto, señaló que «hoy día nuestro personal está entregando un servicio no solamente para el tema de disuasión de cuando se ve alterado el orden público, sino fundamentalmente para la prevención».

La inversión aprobada permitirá la adquisición de dos vehículos para traslado de personal blindados, dos furgones acorazados y cuatro lanza aguas, conocidos popularmente como guanacos. Estos vehículos serán asignados a las Subcomisarías de Fuerzas Especiales de Antofagasta y Calama.

En medio de un creciente debate sobre los problemas de seguridad, cabe preguntarse si es pertinente esta inversión aprobada, considerando que estos recursos podrían destinarse al combate del narcotráfico y el crimen organizado, antes que entregarlos para la compra de vehículos para la represión de las movilizaciones y las protestas sociales.

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