El Consejo de Pueblos Atacameños participó de la audiencia de conciliación y pruebas, entre el lunes 24 y el viernes 28 de julio, fijada por el Primer Tribunal Ambiental, en el marco de la demanda contra las empresas mineras Escondida, Zaldívar y Albemarle, por daño ambiental en el ecosistema del acuífero de Monturaqui, Negrillar, Tilopozo, la Punta y la Brava.
Esta es la primera audiencia en el marco de esta acción judicial y desde la Unidad de Medio Ambiente y la Unidad Jurídica del Consejo de Pueblos Atacameños, pudieron dar cuenta al tribunal de pruebas científicas contundentes y estudios elaborados a través de las ciencias comunitarias.
En este marco, concurrieron como testigos destacados profesionales como Francisco Mondaca, Jordan Jofré, Patricia Sigoña, Cristina Dorador y Ramón Quiroz, en conjunto con el abogado coordinador de la Unidad Jurídica, Sergio Chamorro.
Para el Consejo de Pueblos Atacameños los daños ambientales alegados dicen relación con la extracción continua del recurso hídrico, «la puri ancestral», para las faenas extractivas de cobre y litio, teniendo por efecto un descenso superior a 25 cm. del nivel freático, la disminución máxima aceptable que puede soportar el sistema vegetacional azonal.
Para las comunidades atacameñas se trata de un juicio ambiental estratégico que busca la recuperación íntegra del acuífero por afectación a las formas de vida en comunidad, al ecosistema que sustenta la vida y por extraer las aguas ancestrales en el territorio de la comunidad de Peine, principales afectados por estas acciones y omisiones.
El abogado del Consejo de Pueblos Atacameños, Sergio Chamorro, destacó que “el contundente trabajo entre los actores demandantes nos ha permitido dar cuenta al Ilustre Tribunal del daño ambiental ocasionado, tanto al acuífero, las vegas y lagunas altoandinas, a través de las ciencias comunitarias, lo que evidencia la necesidad urgente de una transición ecológica justa, que venga desde abajo y la soberanía del pueblo Atacameño”.
Por su parte, el Presidente de la Asociación, Vladimir Reyes Varas, expresó la preocupación de las comunidades ante estos hechos, exigiendo justicia ambiental para Tilopozo y señalando “que a través del equipo de profesionales, la coordinación con la Comunidad de Peine y el acuerdo de las comunidades en proteger nuestros territorios, nos encontramos muy atentos al desarrollo de este juicio y de las posiciones que adoptarán las mineras demandadas”.
Por lo pronto, quedó determinada por el Tribunal Ambiental la inspección personal al acuífero de Tilopozo para los días 16 y 17 de agosto.