Por Matias Recabarren 
El gremio advirtió que el proyecto antifiltraciones podría afectar el periodismo de investigación y generar un efecto inhibidor sobre la publicación de antecedentes de interés público. Además, emplazó a los senadores Pedro Araya y Paulina Núñez a escuchar a los colegios regionales antes de continuar con su tramitación.
La denominada “Ley Mordaza 2.0” continúa generando críticas entre organizaciones vinculadas a la libertad de prensa. Aunque esta semana el proyecto no alcanzó a ser debatido en la Sala del Senado, el Colegio de Periodistas de Antofagasta manifestó su preocupación por los efectos que podría tener sobre el ejercicio periodístico si la iniciativa avanza en los términos actuales.
En conversación con Diario Regionalista, el presidente del Colegio de Periodistas de Antofagasta, Sebastián Castillo, sostuvo que la principal consecuencia sería un efecto inhibidor para quienes investigan hechos de interés público.
“Los que ganan son quienes quieren ocultar información. Cuando un periodista sabe que publicar antecedentes de interés público puede significar una persecución penal, muchas investigaciones simplemente dejan de realizarse. Eso no protege la democracia, la debilita”, afirmó.
Castillo recordó que diversos casos de corrupción, violaciones a los derechos humanos, financiamiento irregular de la política y abusos de poder salieron a la luz gracias al trabajo de periodistas de investigación, por lo que advirtió que limitar el acceso y difusión de antecedentes terminaría perjudicando a la ciudadanía.
Asimismo, emplazó a los senadores por la Región de Antofagasta, Pedro Araya (PPD) y Paulina Núñez (RN), ambos autores de la iniciativa, a escuchar las observaciones del gremio antes de continuar con la discusión legislativa.
“Lo primero que les pediría es que escuchen al Colegio de Periodistas, tanto al Consejo Regional de Antofagasta como al de El Loa. Representan a una región donde importantes casos de corrupción, conflictos ambientales y abusos fueron conocidos gracias al trabajo de la prensa. Resulta difícil entender que hoy impulsen una iniciativa que puede limitar ese acceso a la información”, señaló.
El proyecto supuestamente busca fortalecer la reserva de antecedentes en investigaciones penales y crear nuevas sanciones para quienes divulguen información protegida. Sin embargo, gremios periodísticos y especialistas han advertido que su redacción podría terminar afectando el trabajo de los medios y el derecho de la ciudadanía a mantenerse informada.
Redacción