Las cifras de la impunidad en aniversario del 18-O: De 8.500 causas contra agentes del Estado, solo 75 se han formalizado

Por Redacción Oct18,2022

Al conmemorarse un nuevo aniversario del estallido social este 18 de octubre, la Universidad Diego Portales (UDP) emitió un capítulo de su Informe Anual de Derechos Humanos en Chile.

En el texto, desde la casa de estudios revelan que a abril de este año se han ingresado un total de 8.593 causas contra agentes del Estado producto de la crisis social iniciada el 19 de octubre de 2019. De ellas, solo 75 se han formalizado, con 128 agentes involucrados.

El documento fue elaborado por los académicos Lidia Casas, Danitza Pérez y Eduardo Alcaíno y da cuenta de que entre las 75 causas formalizadas, destacan «35 casos por el delito de apremios ilegítimos, cinco por lesiones graves, 18 por vejaciones injustas y seis por torturas».

«En estas causas formalizadas, en ocho casos los imputados han sido sometidos a la medida cautelar de prisión preventiva, en 12 a arresto domiciliario, 33 a arraigo nacional, en 42 con prohibición de acercarse a la víctima. La prisión preventiva se ordena en un 10,6% de los casos de agentes imputados», indicaron.

INDH

Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó que entre el 18 de octubre y el 20 de marzo de 2020 visitó 1722 comisarías, y observó 345 manifestaciones sociales. En tanto, desde el inicio de la crisis y hasta el 30 de noviembre visitó 1.022 centros de salud recabando denuncias y conociendo el estado de las víctimas.

En materia de gestión judicial, desde el 18 de octubre de 2019 y hasta el 12 de octubre de 2022 el INDH ha presentado 3.151 querellas para proteger los derechos humanos de 3.626 víctimas. Se presentaron así un total de 551 querellas por torturas cometidas por agentes estatales; 2.363 querellas por violencia innecesaria, 27 recursos de amparo y 8 acciones legales de diverso tipo por personas que perdieron la vida producto de la acción de agentes estatales.

Víctimas

Respecto de las víctimas representadas por el INDH y las lesiones que sufrieron, 212 corresponden a personas que presentan trauma ocular; 3.324 a personas con lesiones físicas de diversa consideración; 404 que fueron vulneradas sicológicamente y 533 que fueron sujetas de violencia sexual.

Disgregando los datos del INDH, sobre el total de 3.776 víctimas (2816 hombres y 960 mujeres), 1.420 pertenecen a grupos de especial protección. Por ejemplo, 572 víctimas son niños, niñas o adolescentes; 22 son personas con discapacidad, 7 pertenecientes a pueblos indígenas, y 26 personas LGBTI.

Avances judiciales

Sobre el avance de las causas judiciales presentadas por el Instituto ante la justicia, 2.879 acciones judiciales se encuentran sin personas formalizadas, es decir, en un 91% de las causas los eventuales responsables no han concurrido ante la justicia o no han sido identificados. Por ejemplo, de los 2.987 Carabineros denunciados por el INDH, solo 179 han sido formalizados, y de los 130 integrantes de las Fuerzas Armadas acusados han sido formalizados solo siete funcionarios.

Asimismo, del total de causas por violaciones a los derechos humanos en el contexto de la crisis social, se registran tan solo 14 condenas, de las cuales 13 presentan sentencias ejecutoriadas. La condena número 14 es la que corresponde a la causa que dejó ciega y sin gusto ni sentido del olfato a la senadora Fabiola Campillai, único proceso legal hasta la fecha en que el funcionario implicado es condenado a la pena efectiva de cárcel, pero en cuya condena aún quedan instancias procesales.

Directora del INDH

La directora del INDH, Consuelo Contreras, abordó el estado de las causas: “Como INDH continuaremos gestionando y participando de cada una de las instancias judiciales de las causas por violaciones a los derechos humanos, acompañando a las víctimas y realizando todas las diligencias necesarias en el marco de los procesos legales para que las responsabilidades de los agentes del Estado implicados no queden en la impunidad”, indicó.

“La necesidad de avanzar en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición ante las violaciones a los derechos humanos es un imperativo para la solidez de democracia en el país. En este sentido, los diversos sectores políticos deben aunar y condenar transversalmente las vulneraciones ocurridas y rechazar el negacionismo. La verdad sobre las violaciones a los derechos humanos no se puede negar ni relativizar y eso es un mínimo común de las democracias modernas”, sentenció Contreras.

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