El Senado aprobó este miércoles 4 de marzo el proyecto de ley que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad. La iniciativa, aprobada por una estrecha mayoría de 23 votos a favor y 22 en contra, permitiría que condenados por delitos graves —incluyendo crímenes de lesa humanidad, homicidios y violaciones— accedan a beneficios y salgan de la cárcel bajo criterios específicos de salud y avanzada edad.
A nivel regional, la votación estuvo dividida: los senadores Pedro Araya (PPD) y Esteban Velásquez (FREVS), rechazaron la propuesta, mientras que la senadora Paulina Núñez (RN) entregó su voto a favor.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, cuestionó a los senadores que respaldaron el proyecto y advirtió que podrían verse beneficiados criminales como el exagente de la DINA Miguel Krassnoff, condenado en múltiples causas por secuestro, tortura y homicidio durante la dictadura; el asesino serial Julio Pérez Silva, conocido como el “psicópata de Alto Hospicio”; y Hugo Bustamante, condenado por el femicidio y violación de Ámbar Cornejo.
Por su parte, el exfiscal Carlos Gajardo calificó la iniciativa como “de locos” y “aberrante”, cuestionando que el texto permita que personas condenadas por delitos graves puedan cumplir sus condenas en sus domicilios.
“Esta norma es de locos. Beneficiaría a una larga lista de criminales, incluyendo a María del Pilar Pérez (la Quintrala) o al recientemente encarcelado Miguel Ángel Cerda, imputado como el autor intelectual de un sicariato”, dijo en X.
“Es evidente que es un proyecto que está mal formulado y que, de ser aprobado, traería consecuencias muy perniciosas para la seguridad del país”, indicó en entrevista con BioBioChile.

