Por Redacción 
La Mesa de Reactivación Laboral impulsada por el gobierno de José Antonio Kast y liderada por el ministro del Trabajo, Tomás Rau, entregó su informe final con 22 propuestas que incluyen algunas medidas que han generado controversia. Una de ellas plantea la posibilidad de que las jornadas laborales en Chile puedan llegar a las 52 horas semanales, pese a la vigencia de la Ley de 40 horas.
Ante este escenario, desde la Federación de Sindicatos BHP Chile, que agrupa a miles de trabajadores mineros, acusaron que el contenido del informe «supera con creces la simple voluntad proempresarial» y en la práctica «se transforma en un vergonzoso atentado a los derechos de las y los trabajadores, especialmente las nuevas generaciones».
Desde la organización también advierten que el núcleo duro del informe plantea «extender el período de cálculo de la jornada desde las actuales cuatro semanas hasta 15 o incluso 52 semanas (un año), aplicándolo también a sistemas excepcionales como minería y faenas forestales y simplificar la autorización o renovación de esas jornadas excepcionales».
«También se habla de avanzar hacia la eliminación gradual de la indemnización por años de servicio, comenzando con nuevos contratos, a cambio de una indemnización a todo evento financiada con una cotización adicional al Seguro de Cesantía; fortalecer la polifuncionalidad (hacer más tareas por el mismo sueldo); ampliar la causal de necesidades de la empresa y reponer la ‘falta de adecuación’ de las y los trabajadores como causal de despido», señalan en su declaración.
A juicio de la Federación de Sindicatos BHP Chile, estas medidas «en su totalidad atacan derechos logrados con esfuerzo y determinación, a través de legítimas disputas históricas por una mejor vida para las chilenas y chilenos».
«El informe, en su página 7, identifica como parte del ‘escenario de alza en costos laborales’ tres cosas: el aumento del salario mínimo en los últimos tres años, la Ley de 40 horas, y el aumento de la cotización del empleador para pensiones. Es decir: un salario más digno, calidad de vida y mejores pensiones futuras, tres conquistas históricas quedan catalogadas como ‘costos’ que ‘dificultan la recuperación del empleo’. Esa es la jugada argumentativa central de todo el documento, convertir derechos en culpables del desempleo, para luego justificar que se les ponga en pausa o se reviertan vía letra chica. Ningún párrafo del diagnóstico examina el margen de utilidad de las empresas o la concentración económica», agregan.
Finalmente, desde FESIN BHP Chile hicieron un llamado a los representantes en el Parlamento «a mirar este informe con máxima atención, porque su actuar frente a cualquier medida que debilite derechos laborales quedará inscrito en el futuro».
«Igualmente, exigimos que ninguna de estas 22 propuestas avance a proyecto de ley sin que las organizaciones sindicales tengan asiento en la discusión. No aceptamos que el futuro del trabajo en Chile se construya sobre miedo, inestabilidad y pérdida de derechos. La crisis del empleo exige soluciones, pero no puede transformarse en la excusa perfecta para una nueva ofensiva contra la clase trabajadora», concluyen.
A continuación puedes revisar la declaración en extenso: