Por Leonardo Silva Martínez 
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente los requerimientos contra la iniciativa y eliminó las indemnizaciones asociadas a RCA anuladas. Consultados por Diario Regionalista, parlamentarios de Antofagasta confrontaron sus posiciones sobre certeza jurídica, responsabilidad fiscal y resguardos ambientales.
Este jueves 13 de agosto, el Tribunal Constitucional (TC) acogió parcialmente los tres requerimientos presentados contra la denominada Megarreforma, ingresada por el Ejecutivo al Congreso el 22 de abril de 2026. Entre sus resoluciones, declaró inconstitucionales los artículos 12 y 13, que contemplaban indemnizaciones ante la anulación judicial de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), y acogió parcialmente las objeciones al régimen de invariabilidad tributaria.
Tras conocerse el fallo, Diario Regionalista consultó a diputados de Antofagasta sobre sus alcances para una región donde confluyen proyectos mineros, energéticos e industriales de gran escala.
Una de las críticas más duras provino de la diputada Marcela Hernando.
“El fallo del Tribunal Constitucional nos da la razón: lo dijimos durante el debate y el tiempo nos confirmó que esta reforma contenía graves errores. Avanzar a toda costa no es el camino para darle certezas al país. Es insostenible que pretendieran indemnizar a privados si la justicia anulaba una resolución ambiental”, afirmó la parlamentaria.
Hernando llevó luego la controversia al escenario regional.
“En una región como Antofagasta, donde convergen grandes proyectos mineros, energéticos e industriales, el desarrollo no se logra entregando cheques en blanco ni debilitando la protección de nuestras cuencas y el territorio”, agregó.
La diputada planteó que el crecimiento debe avanzar con reglas claras, participación ciudadana y respeto constitucional, y endureció su cuestionamiento a la conducción de la reforma: “La soberbia de no escuchar solo genera incertidumbre”.
Reparos fiscales y ambientales
El diputado Fabián Ossandón apuntó al mecanismo de indemnizaciones y a sus eventuales consecuencias para las arcas fiscales.
“El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional una norma que podía comprometer irresponsablemente los recursos del Estado mediante indemnizaciones asociadas a la anulación de una RCA. Me preocupa que el ministro Quiroz haya respaldado un mecanismo de esta naturaleza. Yo lo rechacé precisamente porque tenía serios reparos sobre sus efectos”, manifestó Ossandón.
El legislador añadió que Chile necesita certeza jurídica, pero “con responsabilidad, respetando nuestra institucionalidad y cuidando los recursos de todos los chilenos”.
Desde otro flanco, el diputado Sebastián Videla cuestionó los límites de una flexibilización destinada a acelerar nuevos proyectos.
“Creo que el fallo del TC confirma nuestras aprensiones sobre la Megarreforma. No podemos facilitar la inversión a costa de debilitar los controles tributarios y ambientales. Chile necesita inversión, pero con reglas claras, fiscalización efectiva y resguardando siempre el interés de las comunidades y los territorios”, sostuvo Videla.
Arqueros rescata la certeza para invertir
Una lectura distinta realizó el diputado Carlo Arqueros, quien defendió los mecanismos destinados a otorgar mayor estabilidad a los grandes proyectos.
“La Megarreforma apunta precisamente a entregar mayor certeza para que las grandes inversiones vuelvan a desarrollarse en Chile, y para una región minera como Antofagasta eso es fundamental. La ratificación de la invariabilidad tributaria por parte del Tribunal Constitucional es una señal muy importante, porque permite que quienes inviertan hoy conozcan las reglas tributarias que tendrán hacia el futuro”, planteó Arqueros.
El parlamentario agregó que ese objetivo debe convivir con evaluaciones ambientales rigurosas y mecanismos de participación indígena, aunque con procedimientos más eficientes y plazos razonables.
Araya apunta contra el Gobierno
A las declaraciones entregadas a Diario Regionalista se sumó la reacción mediante redes sociales del diputado Jaime Araya, quien utilizó sus redes sociales para elevar el tono político tras conocerse la resolución.
“Tal como lo dijimos, el esfuerzo del presidente Kast por favorecer a los más ricos de Chile violaba la Constitución. El TC acoge parcialmente los requerimientos que hicimos”, escribió el legislador.
Araya también cuestionó la conducción de la reforma y acusó al Gobierno de no haber escuchado las advertencias formuladas durante su tramitación.
El pronunciamiento deja así abierta una disputa especialmente sensible para Antofagasta: hasta dónde pueden avanzar las herramientas destinadas a acelerar grandes proyectos sin comprometer los resguardos fiscales, ambientales y territoriales.
Redacción 
Matias Recabarren