¿Cuántas vidas vale el recorte fiscal?

La reciente tragedia en Calama, donde perdimos a la inspectora María Victoria Reyes, no es un hecho policial aislado; es el eco doloroso y evitable del suicidio de la profesora Katherine Yoma. Ambas son los rostros de un modelo de sistema escolar que viene haciendo crisis desde hace décadas: un modelo fracasado e impuesto que despojó al Estado de su histórico rol rector en el sistema escolar chileno, desmembrando al Ministerio de Educación en una serie de organismos sin mayores facultades para el acompañamiento y desarrollo de las distintas comunidades educativas del país.

Por Directorio ANDIME SECREDUC Antofagasta

Como Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación (ANDIME), nos hemos declarado en estado de alerta a propósito de una nueva ofensiva que profundiza el desmantelamiento de la institucionalidad educativa: las autoridades de gobierno han anunciado un “ajuste presupuestario”. Esta medida impactará en todas las dimensiones de la política pública educativa; entre ellas, en áreas donde se requiere adoptar definiciones urgentes en torno a la convivencia escolar.

Mientras la economía nacional tiene por viga maestra a la industria minera del Norte Grande, quienes habitamos estos territorios hemos sido relegados a zonas de sacrificio. La evidencia científica demuestra que la violencia escolar tiene un derrotero más profundo que las aulas de nuestros establecimientos educacionales. Es fruto del abandono y la soledad en que crecen nuestros niños, niñas y adolescentes, producto de trabajos precarios, segregación social y, en definitiva, resultado de una violencia generalizada y del efecto de un modelo de desarrollo neoliberal que ha fracasado en su promesa de progreso social y económico.

En consonancia con lo anterior, desde el gobierno central se impone al Ministerio de Educación una reducción presupuestaria de $524.000.000.000 (quinientos veinticuatro mil millones de pesos). Esta cifra astronómica descarta cualquier posibilidad de reacción y protección pública. ¿Cómo se explica que, ante una crisis de violencia sin precedentes, la respuesta del Estado sea retirar quinientos mil millones de pesos de las aulas?

Estas medidas de recorte no son fortuitas, pues responden a una concepción ideológica que sitúa al Ministerio de Educación, en particular, y al Estado, en general, como figuras decorativas, renunciando a toda mirada de largo plazo. Hoy, el Ministerio es un gigante con pies de barro: carecemos de facultades reales para intervenir en el sistema escolar, con dotaciones mermadas y sin dispositivos suficientes para la tarea urgente de evitar que las comunidades escolares queden a la deriva de sostenedores que se niegan a la intervención estatal y que se repliegan cuando hay que responder a una crisis.

El rol rector del Ministerio de Educación solo existe en las subjetividades de una sociedad que aún concibe a su institucionalidad educativa como el actor central del siglo XX. Las sucesivas reformas neoliberales de los últimos 40 años han redundado en el abandono de la educación pública, de sus profesores y profesoras, y, en definitiva, de su mandato histórico en una sociedad como la chilena. Es el corolario de 40 años de neoliberalismo educacional.

El Estado parece haber perfeccionado el arte de legislar sin financiamiento. La nueva Ley de Convivencia Escolar impone medidas ambiciosas, pero bajo una trampa cruel: los recursos para implementarlas deben conseguirlos los propios sostenedores, dejando a las escuelas más vulnerables en una orfandad total. Lo mismo ocurrió con la Ley Karin que, en un gesto de negligencia administrativa, dotó con apenas 40 funcionarios a las Direcciones del Trabajo para hacerse cargo de una avalancha de 30.000 denuncias en su primer año. ¿Cómo podemos hablar de protección a trabajadores y trabajadoras si no hay funcionarios al otro lado para fiscalizar el acoso y la violencia?

En nuestra región, esta precariedad ya institucionalizada se siente en cada rincón. Una muestra de ello ha sido el Sistema de Admisión Escolar (SAE) y la plataforma “Anótate en la Lista”, con dotaciones subdimensionadas y falta de infraestructura educativa, sin poder resolver la alta demanda, dejando a miles de estudiantes y apoderados en un limbo administrativo, trasladando la tensión y la violencia hacia los puntos de atención de usuarios.

Frente a este horror, la respuesta de las autoridades ha sido la de siempre: los lugares comunes. Entre ellos, la instalación de pórticos detectores de metales, lo que significa la claudicación del Estado ante la violencia. Al instalar tecnología carcelaria en lugar de dispositivos y profesionales especialistas para abordar el fenómeno social, nuestra sociedad demuestra que no ha sido capaz de entender el problema en profundidad. ¿De qué sirve un arco de seguridad si no hay duplas psicosociales que escuchen al estudiante antes de que haga crisis? Un sensor jamás reemplazará el abrazo de un orientador u orientadora, ni la vigilancia de un inspector o inspectora que hoy debe cuidar patios hacinados porque el presupuesto no permite cubrir las vacantes. La seguridad real no emite un pitido al pasar; la seguridad real es la presencia humana que llega antes de la tragedia.

La memoria de Katherine Yoma y María Victoria Reyes no se honra instalando escáneres, sino alzando la voz desde las regiones y deteniendo los “ajustes fiscales” que solo impactan en la viga maestra del sistema escolar: la escuela. Es preciso salirle al paso a las concepciones que caracterizan a la educación pública como el “patio trasero” de un modelo económico que valida la oferta y la demanda. La grandeza de las naciones se construye desde la educación pública, y esta tiene como pilar a los educadores, educadoras y trabajadores de la educación, unos y otros estructuralmente abandonados por una sociedad que solo reflexiona sobre ellos ante tragedias como la de Katherine Yoma y María Victoria Reyes.