Por Redacción 
La confirmación del nombramiento de Santiago Montt como futuro ministro de Minería del gobierno de José Antonio Kast no vino desde el equipo del presidente electo, sino directamente desde la minera canadiense Los Andes Copper. A través de un comunicado oficial, la compañía informó la renuncia de su gerente general (CEO), explicitando que el motivo es su designación como secretario de Estado, en una señal que ha generado fuertes cuestionamientos por el evidente conflicto de interés y la forma en que se transparentó la decisión.
Según informó la empresa, Montt continuará ejerciendo como CEO hasta el próximo 19 de febrero, con el objetivo de asegurar una “transición ordenada”, mientras que Antony Amberg, actual jefe de Geología de la minera, asumirá de manera interina la gerencia general. Paralelamente, el directorio de Los Andes Copper iniciará la búsqueda de un nuevo ejecutivo para el cargo, manteniendo a Montt vinculado a la compañía hasta semanas antes de asumir funciones ministeriales.
El anuncio reavivó las críticas sobre la estrecha relación entre el futuro gobierno y los grandes grupos económicos, particularmente en un sector estratégico como la minería. Santiago Montt es abogado de la Universidad de Chile, con estudios de posgrado en Yale y Princeton, y cuenta con una extensa trayectoria en la industria minera privada, incluyendo 11 años en BHP, donde llegó a ocupar el cargo de vicepresidente de Asuntos Corporativos para las Américas.
Desde el Congreso, las reacciones no se hicieron esperar. El diputado Daniel Manouchehri cuestionó duramente el nombramiento, señalando que “de republicanos, nada”, y acusó que “los anuncios de nombramientos de ministros son dados por los grupos económicos antes que el Presidente”, agregando que fue la propia minera la que confirmó la designación de Montt como ministro de Minería del gobierno de Kast.
En la misma línea, la diputada Ericka Ñanco también criticó el episodio, afirmando que “los nombres de los futuros ministros se anuncian primero desde los grupos económicos y no desde La Moneda”, poniendo en duda la autonomía del futuro gabinete y reforzando las alertas sobre una eventual captura del Estado por intereses privados.
El caso de Santiago Montt abre así un debate mayor sobre probidad, conflictos de interés y la delgada línea entre el sector público y el privado en áreas clave de la economía nacional. Especialmente en un país donde la minería cumple un rol central en el desarrollo y en la recaudación fiscal, la designación de un alto ejecutivo minero como ministro del ramo instala cuestionamientos políticos y éticos que acompañarán al gobierno entrante desde su primer día.