Por Redacción 
El caso de una estudiante trans del Liceo Domingo Herrera Rivera (B-13) de Antofagasta abrió un debate sobre convivencia escolar y el rol de los establecimientos en la protección de estudiantes pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+. La situación derivó en una denuncia ante la Superintendencia de Educación, un informe de la CMDS al Tribunal de Familia y una medida de protección dictada el 27 de octubre.
El 2 de octubre, la joven recibió capturas de pantalla provenientes de un grupo privado de Instagram. En los registros, varios compañeros de curso emitían comentarios de carácter transfóbico, insultos y amenazas. Entre ellos: “Ojalá vaya y webee lo más mínimo, pa’ agarrármela a charchazos”, “Que se cree esa tr* c*…”, “Hagamos una lista de todos los cagazos de la c*”, “Estoy que me hago una cuenta falsa pa’ tirarle mierda”. Según el testimonio de su madre, estos mensajes tuvieron un fuerte impacto emocional.
El 8 de octubre, el Hospital Regional de Antofagasta activó el protocolo de urgencia (“botón rojo”) debido a la crisis emocional e ideación suicida que presentó la adolescente tras conocer las amenazas.
Pilar, madre de la joven afectada, describe un cuadro de violencia reiterada que —según su testimonio— no habría sido abordado oportunamente. “Viene mal desde febrero, esto solo fue la gota que rebasó el vaso”, señaló.
En conversación con Diario Regionalista, la madre de uno de los alumnos sancionados afirma que el liceo no transparentó la investigación. “La primera vez que nos citan es el 13 de octubre y solo nos indican que a los chicos le van a aplicar una medida excepcional, pero no tipifican nada”, declaró.
Este caso se desarrolla en un contexto donde estudiantes LGBTIQ+ reportan altos niveles de discriminación: según la Segunda Encuesta Nacional de Diversidad y Discriminación del Movilh (2023), el 41% afirma haber sufrido discriminación en sus colegios. Estos antecedentes evidencian la necesidad de reforzar las garantías de protección para estudiantes trans en el entorno escolar.
La madre de la alumna afectada también cuestiona la actuación de la profesora jefe, Jessie González —quien fue candidata a diputada por el PDG— y asegura que no activó protocolos pese a advertencias previas: “Nunca me citó. Nunca preguntó por qué faltaba tanto, por qué tantos certificados médicos, nada”, relató. Asimismo, acusa el envío de contenido político mientras, según su versión, no se atendía la situación de su hija. La aludida fue contactada por nuestro medio, pero no respondió a las consultas hasta el cierre de esta publicación.
Respecto de las amenazas que motivaron la denuncia judicial, la madre relata que la joven recibió numerosos mensajes sobre su asistencia al liceo mientras realizaba una transmisión en vivo. Ese día, la adolescente no acudió al establecimiento y posteriormente recibió las capturas del grupo privado donde —según Pilar— se mencionan agresiones planificadas. “Menos mal que no fue al liceo ese día”, afirmó.
El 20 de octubre, la familia presentó una denuncia ante la Superintendencia de Educación por discriminación y omisión de protocolos. Dos días después, la CMDS envió un informe al Tribunal de Familia solicitando una medida de protección ante el riesgo psicológico y social. El tribunal la otorgó cinco días más tarde, incluyendo resguardo de integridad, acompañamiento institucional y solicitud de medidas de alejamiento.
El informe de CMDS también consigna que cuatro estudiantes reconocieron haber participado en el grupo y en los mensajes, indicando que “fue en un espacio privado y sin intención de causar daño real”.
La apoderada de uno de los estudiantes sancionados cuestiona el proceso: “En el caso particular de mi hijo no se le tomó ninguna declaración, ¿cómo saben que mi hijo asumió responsabilidad si nadie lo entrevistó?”. Añade: “Mi hijo ya fue castigado sin haber tenido derecho a defensa. No tendrá licenciatura ni premiación”.
Por ello, ingresó un reclamo ante la Superintendencia de Educación, argumentando que la medida excepcional aplicada no se ajustaría al reglamento de convivencia, y que el establecimiento no les ha entregado copia del acta de sanción ni ha agendado la fecha del consejo de profesores que definirá si el estudiante podrá participar en la licenciatura. “Mi hijo fue vulnerado en su derecho a la educación y estigmatizado por su liceo como un peligro para la comunidad educativa, aún cuando cuenta con un impecable historial de comportamientos y buenas notas”, afirmó.
El informe psicológico de CMDS señala que la adolescente presentaba antecedentes de salud mental delicados, que se agravaron con el hostigamiento.
Los datos del Movilh (2023) establecen que el 58% de estudiantes LGBTIQ+ ha sufrido bullying escolar y el 27% reporta agresiones entre pares. Estas cifras reflejan un entorno adverso para estudiantes LGBTIQ+ en el sistema escolar chileno.
Los documentos oficiales muestran que el establecimiento aplicó medidas, aunque posteriores a los hechos, lo que sugiere una intervención tardía en la activación de los protocolos.
Actualmente, la joven continúa con tratamiento psicológico y acompañamiento especializado, y por recomendación profesional no podrá asistir a la licenciatura; mientras que los estudiantes involucrados enfrentan sanciones escolares y una causa judicial en curso.
El caso continúa en investigación.