Por Redacción 
Mediante el Dictamen N° E156201N25, de fecha 12 de septiembre de 2025, la Contraloría General de la República determinó que las entidades privadas que reciben recursos públicos mediante transferencias están sujetas al principio de probidad administrativa. En ese contexto, el organismo estableció que corresponde al Gobierno Regional de Antofagasta revisar y pronunciarse fundadamente sobre la rendición de gastos presentada por la Universidad SEK.
El dictamen se enmarca en la transferencia de $271 millones provenientes del presupuesto del Gobierno Regional de Antofagasta, destinados -sin concurso público- a la Universidad SEK para ejecutar el proyecto “Estrategias Innovadoras para la Seguridad Pública en la Región de Antofagasta”, hecho que fue revelado en un reportaje de Diario Regionalista.
La iniciativa fue financiada a través del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) y el convenio fue suscrito en noviembre de 2022. Sin embargo, su rendición final aún no ha sido aprobada, debido a una controversia que involucra a la exministra de Justicia Javiera Blanco, quien encabezó la iniciativa.
El pronunciamiento responde a una consulta del Gobierno Regional sobre la posibilidad de aprobar un gasto de $35,5 millones declarado por la universidad, correspondiente a un contrato con la Consultora Legal Sociedad de Profesionales, representada legalmente por la exministra Blanco. Contraloría señaló que el GORE debe revisar la rendición de esos gastos y aprobarlos solo si los servicios se prestaron conforme a la normativa y sin infringir el principio de probidad.
El organismo fiscalizador también instruyó al Gobierno Regional a precisar en sus futuros instructivos y convenios de transferencia los criterios que definan eventuales conflictos de interés, con el fin de reforzar la transparencia en el uso de fondos públicos.
Aunque todas las partes involucradas han negado la participación directa del senador Pedro Araya (PPD) en el proyecto, genera cuestionamientos el hecho de que la coordinadora del programa, Romina Pizzoleo, y la gestora territorial, Elizabeth Court, mantuvieran vínculos laborales tanto con la Universidad SEK como con el parlamentario. Court actualmente se desempeña como jefa de gabinete de Araya, mientras que Pizzoleo figuró como asesora parlamentaria durante el periodo en que se ejecutó la iniciativa.
En su momento, tanto la Universidad SEK como la exministra Javiera Blanco y el senador Pedro Araya negaron cualquier tipo de irregularidad en la ejecución del proyecto. En tanto, desde el Gobierno Regional de Antofagasta indicaron a Diario Regionalista que el dictamen de Contraloría se encuentra “en revisión”, razón por la cual aún no es posible emitir un pronunciamiento oficial.
Valeria Ríos Guerrero 
Leonardo Silva Martínez