Fiscal Regional Juan Castro Bekios defiende escuchas declaradas ilegales en caso ProCultura y anuncia apelación ante la Corte Suprema

Lejos de marcar un punto de inflexión en la criticada actuación del Ministerio Público en el caso ProCultura, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, decidió respaldar las interceptaciones telefónicas ilegales solicitadas por el fiscal Patricio Cooper y llevar el caso ante la Corte Suprema, en un intento por revertir el fallo unánime de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que las declaró inconstitucionales.

Aunque Castro Bekios fue designado recientemente como nuevo fiscal a cargo del caso tras la reasignación realizada por la Fiscalía Nacional, en lugar de corregir el rumbo de una investigación marcada por excesos, el persecutor optó por alinearse con su antecesor, insistiendo en la validez de escuchas que incluyeron, entre otras, una llamada personal entre la testigo Josefina Huneeus y el presidente Gabriel Boric.

“Hemos tomado la decisión como fiscalía regional de Antofagasta de recurrir respecto de la misma (resolución) ante la Corte Suprema”, declaró Castro Bekios tras una reunión de coordinación del caso ProCultura.

Cabe recordar que el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta fue contundente: Calificó como «arbitraria e ilegal» la interceptación del teléfono de Huneeus, ya que se realizó sin sospechas fundadas en su contra y se mantuvo a pesar de que el Ministerio Público reconoció haber cometido un error al vincular inicialmente su número con el del imputado Alberto Larraín.

Lejos de asumir este reproche judicial como una oportunidad para restablecer el respeto por los derechos fundamentales, Castro Bekios optó por profundizar la postura del fiscal Cooper, al intentar que el máximo tribunal del país revierta una resolución que justamente cuestiona el uso excesivo y sin control judicial de herramientas intrusivas.

La ofensiva ante la Suprema, en lugar de despejar dudas sobre el actuar del Ministerio Público, acentúa la percepción de sesgo institucional y vuelve a poner en entredicho la autonomía y objetividad de la Fiscalía en causas de alta connotación pública.