Por Redacción 
El Ministerio Público enfrenta una creciente ola de cuestionamientos tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que declaró ilegales algunas escuchas telefónicas realizadas durante la investigación del caso ProCultura.
De acuerdo con la última encuesta Plaza Pública Cadem, un 58% de los encuestados desaprueba el rol de la Fiscalía en esta indagatoria. Además, un 45% se manifestó de acuerdo con la decisión de apartar al fiscal Patricio Cooper, cuya actuación quedó bajo la lupa tras la interceptación irregular del teléfono de la psiquiatra Josefina Huneeus, exesposa del exdirector de la fundación Alberto Larraín.
La Corte concluyó que las resoluciones judiciales que autorizaron esas interceptaciones carecían de fundamentos suficientes, al no existir sospechas concretas contra la afectada, además de la «confusión» entre el teléfono de Larraín y el de su exesposa. La Fiscalía, sin embargo, mantuvo la vigilancia telefónica a pesar de haber reconocido el error, lo que fue calificado como arbitrario e ilegal por el tribunal.
El caso ProCultura se inscribe en una red de investigaciones que abarca convenios firmados por numerosos gobiernos regionales y otras instituciones públicas, involucrando millonarios traspasos. Cabe recordar que la Fundación ProCultura recibió $629 millones en 2022 por parte del Gobierno Regional de Antofagasta para un proyecto de recuperación de fachadas, en medio de críticas por falta de garantías y fiscalización.
La encuesta Cadem también reveló que un 43% de los encuestados cree que las irregularidades en estos convenios responden al uso personal de fondos, negligencia o financiamiento político encubierto.
Las señales de desgaste institucional y pérdida de confianza en el actuar del Ministerio Público siguen creciendo, mientras que el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien quedó a cargo de la causa, ya anunció que apelará ante la Corte Suprema el fallo que invalidó las escuchas, decisión que podría reavivar aún más la polémica en torno al respeto a los derechos fundamentales durante las investigaciones.
Juan José Córdova Henríquez