La huelga de los trabajadores de la Clínica Bupa Antofagasta continúa generando controversia, con denuncias de malas prácticas laborales que han llevado a una solicitud urgente de fiscalización por parte de la Seremi de Salud. El conflicto se intensificó cuando el sindicato acusó a la clínica de traer personal sin certificación para cubrir áreas críticas, lo que podría poner en riesgo la atención a los pacientes.
El Diputado Sebastián Videla se sumó a las críticas, exigiendo una intervención inmediata. “Es inaceptable que una clínica de esta envergadura esté enfrentando una huelga prolongada sin que se encuentren vías de solución. Los derechos de los trabajadores deben ser respetados y la calidad del servicio de salud no debe verse comprometida,” señaló Videla, quien además instó a la Seremi de Salud a fiscalizar las condiciones laborales dentro de la clínica.
Tatiana Tapia Vargas, presidenta del sindicato, expresó su preocupación por la contratación de personal sin la experiencia adecuada en unidades como UCI y TIM. “Lo más alarmante es que han traído personal sin la experiencia ni las condiciones necesarias para desempeñarse en áreas críticas, donde se requiere una certificación acreditada para poder dar la atención que corresponde a los pacientes,” comentó Tapia Vargas, subrayando el riesgo que esto representa para la seguridad de los pacientes.
Por su parte, Cristina Álvarez, secretaria del sindicato, criticó la postura inflexible de la clínica durante las negociaciones. “En cuatro reuniones no se ha logrado nada significativo, y en la última solo ofrecieron un incremento del 1,05%. Esto demuestra una actitud dura y una falta de compromiso con las demandas de los trabajadores,” afirmó Álvarez, lamentando que las negociaciones no estén avanzando hacia una solución.
El llamado a la fiscalización es respaldado por el sindicato y las autoridades locales, quienes buscan asegurar que la atención médica no se vea comprometida en medio de un conflicto laboral que aún no encuentra resolución. La comunidad y los trabajadores esperan una pronta intervención para garantizar tanto la seguridad de los pacientes como el respeto a los derechos laborales.
Redacción