Por Redacción 
El Comité de Ministros del presidente José Antonio Kast aprobó una iniciativa del Grupo Errázuriz ingresada al SEIA en 2009, iniciativa que busca la recuperación de sales de potasio en el sector oeste del Salar de Atacama, en la localidad de Peine, en la Región de Antofagasta.
El proyecto había sido rechazada durante los últimos 4 gobiernos por sus posibles impactos ambientales en la zona. Finalmente, la instancia encabezada por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, resolvió otorgar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable a la propuesta.
Cabe recordar que la iniciativa fue desestimada por primera vez en octubre de 2012 por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Antofagasta, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.
En su momento, las autoridades ambientales concluyeron que no fue posible determinar adecuadamente el impacto del proyecto debido a múltiples deficiencias en la información presentada por la empresa. Las falencias en la línea de base ambiental, especialmente en la caracterización de ecosistemas sensibles del Salar de Atacama, como vegas, bofedales y sistemas lacustres, fueron las principales observaciones.
A lo anterior se suman los posibles efectos sobre especies protegidas, como el flamenco andino, catalogado como vulnerable y cuyo principal sitio de nidificación se encuentra en la zona de influencia del proyecto.
También hubo cuestionamientos técnicos sobre el modelo hidrogeológico utilizado para proyectar los efectos de la extracción de salmuera. Según se advirtió en dicha oportunidad, la empresa no logró demostrar con certeza cómo el bombeo afectaría los niveles de agua ni acreditó la existencia de barreras naturales que separen las áreas de extracción de ecosistemas sensibles cercanos.
Otro punto que fue objeto de observaciones indica que varios parámetros de monitoreo y alerta se basaban en información de terceros y no en estudios propios realizados en terreno. La iniciativa tampoco incorporaba medidas claras de compensación o reparación frente a los posibles impactos ambientales.
En noviembre de 2017 la propuesta nuevamente recibió una calificación desfavorable por parte del SEA de Antofagasta durante la administración de Michelle Bachelet II, un hecho que se repitió en 2021 cuando el Comité de Ministros del segundo gobierno de Piñera rechazó un recurso administrativo presentado por la empresa titular del proyecto.
El salvavidas vino por parte del Tribunal Ambiental de Antofagasta, organismo que anuló las resoluciones previas, ordenando una revisión del caso. Sin embargo, la iniciativa volvió a ser rechazada en agosto de 2025 por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Antofagasta, durante la administración de Gabriel Boric, debido a sus posibles impactos ambientales y la insuficiencia de antecedentes técnicos presentados.
Matias Recabarren