La Corte de Apelaciones dio un tirón de orejas a las autoridades al acoger el recurso de protección presentado por los vecinos del sector norte de Antofagasta, quienes llevan años sufriendo por la crisis ambiental generada por la acumulación de basura y las quemas ilegales en el ex vertedero La Chimba y sus alrededores. A pesar de los constantes reclamos, los habitantes de la zona han denunciado que las autoridades han preferido tirarse la pelota entre ellas, sin asumir su responsabilidad de una vez por todas.
El fallo, que se originó tras la presentación del recurso por parte del Comité de Adelanto y Seguridad Vecinos San Marcos Etapa III y la Junta de Vecinos Portal Vientos del Norte, no se limita a señalar la gravedad de la situación. También recalca la evidente falta de coordinación entre el municipio, la Delegación Presidencial, la Seremi de Bienes Nacionales, y otras autoridades involucradas, que en lugar de actuar, se han dedicado a evadir su responsabilidad mientras la salud de los habitantes sigue deteriorándose.
La Corte fue enfática en criticar la incapacidad de las autoridades para trabajar juntas, recalcando que la falta de coordinación solo agrava la crisis. “Se sigue generando emanación de gases tóxicos derivados de las quemas ilegales, lo que, en mayor o menor entidad, afecta la salud y calidad de vida de los vecinos del sector“, señala el fallo, añadiendo que el permanente deslinde de responsabilidades entre las distintas entidades “dificulta y retarda la búsqueda de soluciones adecuadas para el problema real que vive el sector“.
Para poner fin a esta desidia, la Corte ordenó la constitución de una mesa de trabajo en un plazo máximo de 30 días, integrada por el Gobierno Regional, la Delegación Presidencial, la Municipalidad de Antofagasta, la Seremi de Bienes Nacionales y la Seremi de Salud. Esta mesa deberá coordinar acciones inmediatas como la limpieza del sector y la erradicación de microbasurales, así como evaluar la adopción de otras medidas hasta la concreción del tan postergado plan de remediación que el municipio local, liderado por el alcalde Jonathan Velásquez, aún no materializa.
El fallo también hace un llamado a la participación activa de la comunidad, instando a las autoridades a involucrar a los vecinos en la planificación y ejecución de las medidas, en sintonía con los principios de participación pública del Acuerdo de Escazú, ratificado por Chile en 2022. Este aspecto destaca la importancia de escuchar y trabajar de la mano con quienes han sido los más afectados por la inacción de las autoridades.
Sin duda, esta nueva resolución judicial marca un triunfo importante para los vecinos que han alzado la voz en busca de soluciones reales a la crisis ambiental que los afecta. Sin embargo, y aunque el mayor responsable sigue siendo el municipio local, el verdadero reto está en que las autoridades cumplan su parte y dejen de usar excusas para no actuar. El balón está en su cancha, y es hora de que dejen de tirarse la pelota y se pongan a trabajar para resolver esta problemática que sigue dañando a miles de personas en Antofagasta.
Leonardo Silva Martínez 
Redacción