Por Redacción 
La Fiscalía Regional de Antofagasta confirmó que inició una investigación de oficio en respuesta a informaciones de prensa que reportan un considerable aumento en el padrón electoral de las comunas de Sierra Gorda y Ollagüe, a pocos meses de las próximas elecciones municipales y regionales.
El Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, dispuso esta acción con el objetivo de determinar si existen hechos que podrían constituir delitos conforme a la ley electoral.
La investigación estará a cargo de los fiscales jefes de Antofagasta y Calama, Cristian Aguilar Aranela y Eduardo Peña Martínez, respectivamente. Estos trabajarán en conjunto con equipos especializados de la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja (FACC) para llevar a cabo las pesquisas.
La ley 18.700, “Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios”, establece en su artículo 150 que cualquier persona que solicite votos mediante paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa, o que soborne a un elector, enfrentará penas de presidio menor en su grado medio, multas de 10 a 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), y la inhabilitación absoluta y perpetua para desempeñar cargos y oficios públicos.
Asimismo, la ley 18.556, “Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral”, en su artículo 54, N° 2, sanciona con pena de reclusión menor en su grado mínimo y multas de 10 a 100 UTM a quienes proporcionen datos falsos al declarar o actualizar su domicilio electoral.
Además, el artículo 55, N° 3 de la misma ley, establece que quienes inciten, promuevan, soliciten u organicen a los electores para modificar su domicilio electoral de manera fraudulenta enfrentarán penas de presidio menor en su grado medio, multas de 10 a 50 UTM, y la inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos y oficios públicos.
Es de esperar que la Fiscalía Regional de Antofagasta logre, con esta investigación, esclarecer las circunstancias detrás del inusual incremento en el padrón electoral de Sierra Gorda y Ollagüe y asegurar que el proceso electoral se lleve a cabo con total transparencia y apego a la legalidad.
