La desconfianza hacia la política y las grandes empresas no es un fenómeno nuevo, pero en la Región de Antofagasta, esta sensación parece estar más viva que nunca. Dos episodios recientes ilustran cómo la percepción de corrupción y falta de transparencia sigue alimentando la desconfianza de la ciudadanía hacia quienes ostentan el poder, ya sea desde la política o el sector privado.
Por un lado, el escándalo de «acarreo electoral» en la comuna de Sierra Gorda ha puesto en evidencia prácticas que, lejos de fortalecer la democracia, la debilitan. La aparición en el padrón electoral de Sierra Gorda de personas estrechamente ligadas a la senadora Paulina Núñez que no viven en la comuna, como su secretaria y otros funcionarios de su entorno político, ha levantado sospechas fundadas sobre un posible intento de manipular los resultados electorales en favor del candidato Diego Fernández, quien hasta hace poco era asesor de la propia Núñez.
Esta situación no solo es un golpe a la integridad del proceso democrático, sino que también subraya la hipocresía de una derecha que se muestra implacable ante casos de probidad ajenos, pero que guarda un silencio sepulcral cuando las irregularidades tocan a los suyos. La falta de pronunciamiento de la senadora sobre estos hechos no hace más que agravar la percepción de una clase política que opera en función de sus propios intereses, dejando de lado los valores que supuestamente defienden.
Por otro lado, en el ámbito empresarial, el reciente proyecto de cargas peligrosas de la empresa ATI, controlada por el grupo Luksic, ha reavivado el temor y la desconfianza de la comunidad antofagastina. La empresa, que ya tiene un historial cuestionable en cuanto a episodios contaminantes, sigue adelante con un proyecto que podría traer graves consecuencias para la salud pública y el medio ambiente.
A pesar de las reiteradas promesas de cumplimiento normativo y respeto por las comunidades locales, los antecedentes de ATI han generado una profunda inquietud. En una región ya golpeada por la contaminación y las enfermedades asociadas, la insistencia en este tipo de proyectos sin un diálogo real y honesto con la ciudadanía solo refuerza la idea de que las grandes empresas actúan con total impunidad, protegidas por sus vínculos con el poder político.
Aunque no podemos generalizar, pues hay empresas y políticos que tienen una conducta ejemplar, lamentablemente estos dos casos, aunque distintos en su naturaleza, comparten un denominador común: la creciente desconfianza de la ciudadanía hacia quienes deberían estar al servicio del bien común, pero que a menudo parecen actuar en función de intereses particulares. La falta de transparencia, la manipulación electoral y la puesta en marcha de proyectos que ponen en riesgo la salud pública son ejemplos de cómo se sigue minando la confianza en las instituciones, tanto políticas como empresariales.
Es hora de que tanto los políticos como las empresas comprendan que la confianza se construye con acciones concretas, con transparencia y con un verdadero compromiso con las comunidades que afectan. De lo contrario, el abismo entre la ciudadanía y quienes ostentan el poder no hará más que profundizarse, con consecuencias que todos lamentaremos.
Redacción